“Consejos Directivos Efectivos en Empresas del Estado de Costa Rica”.

La presentación realizada por el representante asignado, incluye información bastante interesante.

Dice que las empresas del Estado “fueron creadas para: abordar objetivos sociales (Estado Benefactor): salud, servicios públicos; promover la industrialización: proyectos de gran escala como oleoductos, puertos, telecomunicaciones, hidroenergía, etc.; inclusión financiera.

Apunta además que las SOEs (State Owned Enterprises/Empresas de propiedad estatal) en Costa Rica son 44, “la mayoría 100% propiedad estatal, en los sectores principales como “electricidad, telecomunicaciones y medios, seguros, servicios financieros, combustibles, puertos, servicios públicos, correo”, y que “se han desarrollado reformas legales que buscan mercados abiertos y la eliminación de monopolios (telecomunicaciones, seguros y servicios financieros).

En el apartado sobre la “importancia” de las empresas públicas, se destaca que “el presupuesto ejecutado por las SOEs representa el 24% del PIB; emplean cerca del 2% del total de la fuerza laboral; su presupuesto representa el 37% del total del Estado; algunas SOEs están clasificadas dentro de las empresas más grandes de América Central”.

Dentro de esas empresas se incluye (se indica el presupuesto en millones de dólares): Instituto Costarricense de Electricidad (3,244.6); Banco Nacional de Costa Rica (102.6); Instituto Nacional de Seguros (1,381.4); Refinadora Costarricense de Petróleo (3,177.4).

En la presentación se destacan además los logros alcanzados con las empresas públicas costarricenses: “99,4% hogares con acceso a electricidad, (la más alta de ALC); 100% de producción eléctrica con fuentes renovables en 2015; segunda mayor tasa de acceso a agua potable en ALC; 64% de individuos tienen cuenta en una entidad financiera; segunda más alta de América Latina; amplio acceso a servicios de telecomunicaciones; 95% de cobertura de red; sistema competitivo y seguro de distribución de combustibles”.

También se apunta en el apartado “Oportunidades”: “Poder Ejecutivo convencido y comprometido con directrices de la OCDE (Directriz 026-H)”; “se están gestionando reformas legales importantes; agotamiento en el modelo de funcionamiento de algunas SOEs; apoyo popular al cambio”.

Al parecer, entonces, las empresas públicas son un excelente negocio que, hasta hoy día, siguen perteneciéndole a usted, a pesar, sí, de los abusos cometidos por algunos en el mal uso de los recursos que han sido utilizados en la estrategia de comunicación para aprovechar el “apoyo popular” necesario…

No obstante, ¿quiénes son los que nombran los consejos directivos de esas empresas públicas? ¿No es cierto que en cada una de esas entidades sus jerarcas cambian al ritmo de los gobiernos de turno; es decir, grupos de empleados públicos temporales “encargados del diseño y la implementación de las privatizaciones”? ¿Con cada nueva “administración” se cambian por lo general los “CEOs” (la moda de ahora para llamar los presidentes ejecutivos) de las empresas públicas? ¿Quiénes son los responsables del supuesto “agotamiento en el modelo de funcionamiento de algunas SOEs”? ¿Según quién y dentro de cuál modelo económico…? Ahora, si el supuesto “agotamiento” es real, ¿cómo se explican los “logros” alcanzados por las SOEs? Si las SOEs no hubieran estado a cargo de privatizadores con rango de empleados públicos temporales ¿dónde podrían estar en la actualidad? ¿Dónde estaría el país en materia de desarrollo económico si, en lugar de haberlas puesto en las manos de incompetentes que las han debilitado, más bien se hubiera hecho lo contrario…? Hoy en día resulta risorio que una calle hacia el Pacífico, construida por los costarricenses y luego concesionada dentro de las fracasadas alianzas “público-privadas” ¿haya que comprársela al concesionario? En fin… muy “conocedores”.

¿Por qué el interés en las SOEs?

La disque “transparencia” y “apertura” gubernamental ¿contestará?:

¿Por qué si las empresas públicas son un buen negocio y representan tantos logros y oportunidades para el pueblo costarricense, existe tal convencimiento y compromiso para seguir las directrices de la OCDE que buscan “el buen gobierno corporativo de las empresas públicas [que] constituye un importante requisito previo para llevar a cabo una privatización efectiva desde el punto de vista económico, dado que hará que las empresas resulten más atractivas para los posibles compradores, aumentando su valoración” (Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, (p. 9)?

En tanto los señores empleados públicos temporales siguen en sus tours “convenciones de ventas”, The Economist nos puede brindar una respuesta sobre ese interés en las SOEs, cuyo convencimiento y compromiso es de tales proporciones que ¿actúan como agentes vendedores de lo que no les pertenece, de lo que pertenece a los costarricenses?

En “Privatisation” (Privatización), The Economist (enero, 2014), dice:

“Venta por $9.000.000.000.000”. “Los gobiernos deberían lanzar una nueva ola de privatizaciones, esta vez centrados en las propiedades”. “Las empresas de propiedad estatal en los países de la OCDE poseen un valor aproximado de $2.000.000.000.000”…

Posiblemente lo que aportaría Costa Rica una vez dentro de la OCDE no sería tan significativo como lo que podrían aportar otras economías…, pero aún así buscan embaucar al país en un mal negocio. Para los costarricenses empobrecidos por los neoliberales reciclados con disfraz de “progresistas”, “inclusivos”, “solidarios”, “preocupados”, “innovadores”, y ¿copiones y obedientes del discurso de moda?, no obstante, las empresas públicas sí poseen un aporte significativo.

Y eso de privatizar las empresas públicas, ¿es tan sencillo como para volverlas “eficientes”?

Pues no. De acuerdo con las experiencias en otros países, el tema del “gobierno corporativo” lo que busca, entre otros, es que las empresas públicas coticen en las bolsas de valores…

Un ejemplo de esto es lo que señalan en Lima, Perú:  

“CCL: Empresas públicas deben orientarse a listar y cotizar en la BVL” (octubre, 2014).

“Las empresas públicas del país deben estar orientadas a listar y cotizar en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), aseguró el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)”.

“Este desarrollo garantizaría una mayor transparencia y prácticas de buen gobierno corporativo lo que permitirá ser un paso previo o parte de un esquema para su eventual privatización”.

Como es de esperar, ese tipo de informaciones no incluyen escándalos internacionales. Por ejemplo, The Guradian publicó (julio 21, 2015) el artículo “Toshiba scandal sheds harsh light on Japan’s corporate governance” (Escándalo Toshiba arroja luz dura en el gobierno corporativo de Japón).

Ahora bien, algún privatizador con cargo público dirá que lo dicho en The Guardian trata sobre una empresa privada… quizá…

Veamos entonces el caso de México con la empresa Pemex:

“La empresa pública y gobierno corporativo”

“Durante el debate sobre la Reforma que se aplicó a Pemex, diversos analistas apuntaron que el objetivo era privatizar a esa empresa pública, lo cual fue negado por los voceros defensores de esa Iniciativa del Ejecutivo. Al respecto traemos aquí otro documento elaborado por la OCDE, denominado Directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo de las Empresas de Propiedad Estatal, de donde podemos extraer interesantes comentarios. No obstante que se reconozca la importancia de las empresas estatales para las economías, se considera que el buen gobierno corporativo en esas empresas puede ser o “es un requisito previo para una privatización económicamente eficaz, ya que (así) aumentará su valor y hará a las empresas más atractivas para los posibles compradores”. No es casual entonces, que el Grupo Directivo de la OCDE sobre gobierno corporativo, en 2002 encargara al Grupo de Trabajo sobre Privatización y Gobierno Corporativo de Estado, desarrollar un conjunto de directrices no vinculantes y las mejores prácticas de gobierno corporativo para las empresas estatales. Políticas que deben garantizar una buena gestión empresarial de las empresas estatales, pudiendo ser cimiento para privatizar compañías públicas. Apuntan que las directrices no pretenden obligar a los gobiernos el llevar a cabo programas o políticas de privatización de empresas estatales, sólo que hechos como la globalización de los mercados, los cambios tecnológicos y la desregulación han demandado se reajuste y reestructure la propiedad estatal. Asimismo asientan, que el Estado para llevar a cabo sus responsabilidades vía empresas estatales, puede recurrir -y obviamente recurre- a instrumentos que utiliza el sector privado, como el de gobierno corporativo.

Como miembro de la OCDE, el país tuvo que aceptar seguir las directrices del gobierno corporativo, en consecuencia el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en 1999 elaboró el Código de Mejores Prácticas Corporativas. Ahí se tomaron en cuenta “las características de las sociedades mexicanas, su origen principalmente de carácter familiar, sus valores y cultura, su estructura accionaria y la importancia que pueden tener ciertos accionistas en su administración”.

De acuerdo con Janet Dine y Marios Koutsias en “The Nature of Corporate Governance” (La naturaleza del Gobierno Corporativo) (2013): “Creemos que la convergencia del gobierno corporativo en el paradigma neoliberal es una de las causas del incremento de la desigualdad”.  

El esquema entonces es sencillo: poseemos empresas públicas costarricenses que han demostrado, por el contrario, ser un excelente negocio + como tal, es atractivo para ser privatizado mediante informaciones a medias en los medios que dicen informar a la población, que es la que se necesita convencer para su “apoyo popular” + una vez alcanzadas las reformas, quienes brindaron su “apoyo popular” seguirán esperando el “desarrollo” que desde hace ya bastantes años vienen prometiendo los políticos que han funcionado más como un equipo de fútbol en su “selección mayor” y las “promesas”: foguean entre ellos mismos con camisetas distintas, pero luego del fogueo son del mismo grupo, interesados en privatizar lo público, con discursos copiados.

¿Gobierno “transparente” y “abierto”? Pues todavía esperamos respuestas del discurso que presentan en el extranjero, indicando las bondades de las empresas públicas, en tanto a lo interno del país todo está en “crisis”… ¿supuesta “crisis” fundada en las propias informaciones de los mismos que las confeccionan?

España, por ejemplo, ha sido un país golpeado por las privatizaciones. En el medio “20 minutos”, fue publicada la nota “Privatizaciones: González abrió el camino, Aznar lo consolidó, [Zapatero] no pudo y Rajoy lo intenta” (julio 2014).

Parafraseemos el título para Costa Rica… dejo a usted sustituir “fulano” o “fulana” según estime usted corresponda:

“Privatizaciones en Costa Rica: (“fulano/a”) abrió el camino, (“fulano/a”) lo consolidó, (“fulano/a”) no pudo, (“fulano/a”) lo prometió y (“fulano/a”) lo intenta a hurtadillas.

Piénselo. Lo público a lo interno del país sufre de publicidad que lo desprestigia y es colocado en estado crítico (sin decir quiénes lo han colocado en tal estado) para ganar el “apoyo popular”, en tanto en otros países se resaltan los logros y las oportunidades que por el contrario representan, con miras a la privatización que no se la cuentan de manera “transparente” y “abierta”.

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* Gerardo Barboza posee una maestría en Educación con énfasis en Enseñanza Internacional de Framingham State University, Framingham, Massachusetts, Estados Unidos de América. Además ha realizado cursos de posgrado en los Estados Unidos de América en Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua, dentro de los que destacan: Investigación en Estadística, Lectura y Escritura, Teorías sobre la Adquisición de una Segunda Lengua, Alfabetización para Estudiantes de Lenguas Extranjeras, Inglés como Segunda Lengua y Cultura, Investigación en la Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua e Inglés de los Estados Unidos de América. Su preparación académica y su experiencia en la enseñanza del inglés a profesionales de distintas áreas como son la medicina, leyes, banca, corredores del mercado de valores y las inversiones, seguros, finanzas, educación, agronomía, farmacia e ingeniería, ha desarrollado en él un interés genuino en el Inglés para Propósitos Específicos (IPE).