Oftalmología. Al igual que plazos amplios para procedimientos diagnósticos como radiografías, ultrasonidos, gastroscopias, entre otros. Debilidades en procedimiento de referencia interhospitalaria. De esta forma se comprueba que el sistema de gestión de citas no se ha contemplado la perspectiva etaria, ni tampoco el trato preferencial que por derecho tiene esta población.

Transporte público

En cuanto al derecho al uso del transporte público mediante un descuento tarifario se registran quejas sobre malos tratos que sufren las personas mayores, que pasan por ofensas y humillaciones, lo que las obliga a renunciar al disfrute del derecho, dada la debilidad en la fiscalización que le corresponde al CTP respecto a la prestación del servicio y el respeto del derecho en cuestión.

Respecto a la protección social, destaca la debilidad de la gestión del Régimen No Contributivo de Pensiones administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social para el otorgamiento de pensiones a las personas mayores en condición de pobreza. Conforme se eleva la demanda del beneficio aumenta la tardanza en la resolución de las solicitudes presentadas por las personas eventualmente beneficiarias.

Otro tema recurrente de queja, versa sobre los servicios dispuestos para la atención de las personas víctimas de maltrato, violencia intrafamiliar y abandono social, que resultan insuficientes dada la falta de implementación del componente contenido en la política de vejez y envejecimiento que debe orientar el fortalecimiento de los mecanismos existentes para su atención, así la administración de los hogares de ancianos, centros diurnos y las diversas modalidades de atención de la Red de Cuido Integral de la Persona Adulta Mayor

La reseña anterior demuestra que el enfoque tendiente a posicionar a la población adulta mayor como colectivo específico titular de derechos, si bien es un proceso de acción progresiva, muestra un rezago lesivo a los derechos de esta población y plantea importantes desafíos al Estado para responder a sus demandas en un país que se encuentra en plena transición demográfica, la cual se traduce no sólo en una mayor cantidad de persona mayores, sino de personas que viven más años.

Es criterio de la Defensoría, que es necesario incrementar las medidas orientadas a sensibilizar y capacitar sobre el envejecimiento y los derechos de las personas mayores a los diversos actores sociales, públicos y privados, haciendo énfasis en el empoderamiento de las personas mayores para que desde el ejercicio de la ciudadanía activa contribuyan a impulsar el desarrollo de la Política Nacional de Vejez y Envejecimiento, mediante la definición y aplicación de mecanismos eficaces en contra de la discriminación, que hoy motiva el impulso de un proceso internacional de convencionalidad de los derechos humanos a favor de este grupo poblacional.