Nicaragua, sino que reafirma la importancia del derecho internacional como un mecanismo eficaz para la resolución de disputas internacionales de forma pacífica”, aseguró el ministro González Sanz.

Durante la lectura de este caso, también se resolvió el caso por la construcción de un camino fronterizo en Costa Rica. La CIJ determinó que la construcción del camino no le generó daño a Nicaragua, como esta había alegado falazmente.

La CIJ concluye con toda claridad que no se demostró un daño ambiental al río San Juan, por parte de Costa Rica.

El Canciller señaló que Costa Rica ha tomado nota de la sentencia, y que la respetará íntegramente. “Se demostró que Costa Rica no produjo un daño ambiental al Río San Juan, que Costa Rica no actuo demala fe, que era una estrategia de distracción lanzada por Nicaragua para disimular sus graves actos en Isla Portillos. La Corte nos ha dado la razón en ello. Hemos estado siempre de acuerdo con la CIJ, al determinar que ese tipo de proyectos requieren un estudio ambiental transfronterizo, lo cual cumpliremos a cabalidad”, afirmó.

La CIJ también confirma, nuevamente, el derecho de Costa Rica a navegar en el río San Juan y reconoció el incumplimiento de esos derechos, por parte de Nicaragua, quien los ha violentado al impedir que los costarricenses transiten en el río fronterizo.

Además, la sentencia dictó que Costa Rica tiene derecho a recibir una
indemnización por daños materiales causados por Nicaragua. Se eterminará ese monto, a partir de futuros alegatos escritos y en un proceso por separado.

Costa Rica nunca disputó la soberanía de la Laguna Portillos ni el derecho que tiene Nicaragua para dragar en el río San Juan.

Finalmente, el Canciller agradeció a todas las instituciones y personas que participaron en la defensa nacional, en particular a los integrantes del equipo jurídico, así como a todos los costarricenses que unieron fuerza y apoyo a esta gesta de defensa nacional.

El equipo jurídico nacional estuvo integrado por el ex Embajador Edgar Ugalde, como Agente; el Embajador ante Países Bajos, Sergio Ugalde, como Co-Agente y Abogado; y los abogados Marcelo Kohen, Samuel Wordsworth, Arnoldo Brenes, Kate Parlett, Katherine del Mar, Simon Olleson y Ricardo Otárola, con la asistencia de un grupo de distinguidos diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de personal de otras instituciones del Estado, y de científicos.

Antecedentes

Costa Rica presentó el caso el 18 de noviembre de 2010, luego de que el ejército de Nicaragua invadiera el territorio nacional con ocasión de acciones de dragado sobre el Río San Juan. Nicaragua devastó unas 4 hectáreas de bosque primario, en un humedal protegido internacionalmente por la Convención Ramsar sobre Humedales, y construyó un caño artificial, con el objeto de desviar las aguas del Río San Juan al Mar Caribe a través del territorio costarricense.

A pesar de que la Corte emitió medidas cautelares el 8 de marzo de 2011, Nicaragua las incumplió al enviar a miles de sus ciudadanos al territorio entonces disputado, y luego, instaló un campamento militar con el propósito de facilitar la construcción ilegal de dos nuevos caños. La Corte emitió nuevas medidas cautelares el 22 de noviembre de 2013, expulsando al ejército nicaragüense nuevamente, y suspendiendo la construcción de los nuevos caños.

Link al fallo completo en el sitio oficial de la Corte