Adicionalmente, reiteramos nuestra oposición a que se someta a esta sobreexplotación laboral, a oficiales de la Fuerza Pública misma que, a su vez, enfrenta enormes desafíos en el campo de la seguridad ciudadana ante el avance de la criminalidad común y organizada y las demandas de la gente en sus comunidades por mayores labores en tal campo, más seguidas y más eficientes. No es labor de los y de las policías de la Fuerza Pública hacer partes de tránsito.
 
Lo que está pasando con el deterioro de los servicios a cargo de la Policía de Tránsito, tan necesarios para la población, ocurre con otro tipo de servicios públicos que presentan importantes niveles de deterioro, tanto por un paulatino proceso de reducción de personal como por recortes presupuestarios realmente alarmantes.
 
Lo que acontece con la Policía de Tránsito es fiel reflejo, precisamente, de políticas de recorte presupuestario que se volvieron irracionales, irreflexivas y abusivas llegando a ser las responsables directas de la pérdida de vidas humanas. La matazón en las carreteras nacionales, aunque dolorosa, habla por sí misma de esta dramática situación.
 
Evidentemente, el abordaje del problema apuntado es de carácter integral e interdisciplinario; sin embargo, es inobjetable que suplir la falta de personal en la Policía de Tránsito es un elemento de carácter estratégico que resulta insoslayable.
 
Urgimos a las máximas autoridades políticas del Poder Ejecutivo, empezando por el propio Presidente de la República (quien recientemente tuvo un drama familiar producto de un accidente de tránsito, sin consecuencias de gravedad que lamentar, dichosamente), para que formulen el debido presupuesto extraordinario y emplacen al parlamento a la apertura de esas 1.100 plazas nuevas en la Policía de Tránsito, tan necesarias para parar y/o reducir al mínimo las tristes y costosas consecuencias, familiares y sociales, de los accidentes en las carreteras del país.