puede invocar el artículo 4.1 convencional (derecho a la vida y su protección legal en párr. 264 y 315). El argumento de la Sala Constitucional sobre el derecho a la vida de los embriones no implantados es insostenible jurídicamente, y contrario a lo establecido por la sentencia de la Corte IDH, quien aclaró que el derecho a la vida prenatal “(...) no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general”.

Al menos una minoría de la Sala sí respeta a la Corte IDH
Es importante mencionar que el Mag. Jinesta Lobo y la Mag. Hernández López reconocieron que la Sala no puede pronunciarse sobre el mismo objeto procesal que es competencia de la Corte IDH, quien sostendrá en febrero la audiencia de supervisión de cumplimiento y que el Mag. Cruz Castro por su parte resolvió mantener vigente el Decreto, hasta tanto la Asamblea apruebe una ley.

Si la Corte IDH ordenó al país implementar la FIV, si la técnica que no viola el derecho a la vida,  si no toda actuación médica debe de ser regulada por ley y el asunto de fondo es competencia de la Corte IDH, entonces ¿cómo entendemos esta actuación de la Sala cuando su rol es de garante de los derechos humanos?

El actuar de la Sala Constitucional, es de gran preocupación ya que han sido ya 16 años de discriminación y violaciones continuadas a los derechos humanos a la vida privada y familiar, a la integridad y libertad personal, a la salud sexual y reproductiva y a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico de las personas que sufren de una imposibilidad para concebir sin intervención de la ciencia.

Instamos a la Sala Constitucional, a tomar las acciones pertinentes para respetar la competencia de la Corte IDH y por ende el estado de derecho base de nuestra democracia.