Redacción.- Ante la orden del Ministerio de Salud de desalojar las instalaciones de la actual Asamblea Legislativa, por su mal estado y el peligro para todos los funcionarios y legisladores, la Presidencia de la Asamblea Legislativa integró una comisión que ha venido trabajando en la búsqueda de una solución urgente, pero siguiendo los procedimientos debidos y con la mayor transparencia ante la ciudadanía.

Es necesario recordar que el Poder Legislativo ha crecido y sus actuales instalaciones no responden a los requerimientos de un parlamento moderno y seguro, hecho que fue claramente afirmado por el Ministerio de Salud con su orden de desalojo.

En mayo del 2010, las nuevas autoridades legislativas encontraron un proceso ya iniciado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el fin de construir un nuevo edificio cerca de las actuales instalaciones. Se esperaba colocar la primera piedra  en abril del 2011.

Sin embargo, la premura del Ministerio de Salud y la responsabilidad del Directorio Legislativo, impulsaron la búsqueda de nuevas alternativas, sin descartar esa posibilidad, sobre todo al tener que trasladar urgentemente a 40 diputados y diversos departamentos.

La comisión nombrada al efecto descartó diversos edificios, ya que no se ajustaban a la Ley Nº 7600, generaban grandes desembolsos, no cumplían con los requerimientos ni la capacidad que necesita la Asamblea.

Es entonces que se le plantea al BCIE la posible compra y posterior alquiler con opción de compra, del edificio Mira, en construcción en Zapote. El banco solicitó un avalúo al Ministerio de Hacienda, entidad que estableció un valor de aproximadamente US$ 25 millones.

En estos momentos se están valorando diversos esquemas de adquisición, llave en mano, tanto con el BCIE como con el Banco de Costa Rica y con la supervisión de la Contraloría General de la República.

Vamos despacio, porque urge, con prudencia, con responsabilidad con claridad y con el concurso de la Comisión de Transparencia, la Comisión de Contraparte e incorporando además una  Comisión de Expertos del Poder Ejecutivo compuesta por ingenieros y arquitectos.