Muchos políticos acostumbran a ocultar el colmillo bajo un disfraz de inocente ovejita que sólo busca el bien para la sociedad. El ejemplo más reciente lo protagonizó la jefa de la fracción liberacionista, Viviana Martín.

     La diputada anunció que en caso de que la decisión sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) llegara a la Asamblea Legislativa, optaría por aplicarle una política de recorte presupuestario.
 
     De paso, quiso curarse en salud y aseverar que el Congreso “sí tiene autoridad moral para mencionar este tema”, pues este año recortaron ¢500 millones de su propio presupuesto.

     Pura falacia. La legisladora parece creer que en Costa Rica las cosas se olvidan fácilmente. Omitió que el recorte se dio a raíz de la exigencia de la presidenta Laura Chinchilla de buscar financiamiento para el jugoso aumento salarial que pretendían auto-recetarse, puesto que no se iban a crear más impuestos para dicho fin.

     De tal manera que en un intento desesperado por “dignificar” los salarios de los diputados, Martín –quien fungía como propulsora de la idea- planteó la eliminación de rubros como el pago de facturas celulares y 500 litros de combustible para cada legislador, además de los ¢78 millones en promedio que se invertían en licor y alimentación para las recepciones y ¢120 millones en viajes al exterior.

     Ahora se presenta con disfraz de oveja y solicita a los rectores de las universidades que reflexionen sobre el aumento del 11% en el FEES que solicitan para el próximo quinquenio. Según dice, esa petición no es acorde con la situación fiscal que atraviesa el país.

     Cabe cuestionar si hace tres meses, cuando lucharon por el incremento salarial, el panorama económico del país era mejor. Pongámoslo en números: cada diputado gana ¢2.700.000 mensuales y pretendían un salario de ¢4.300.000; es decir, una variación del 59%.

     Si bien el aumento del 11% en el FEES implica una mayor cantidad de capital, el 59% de aumento salarial no deja de ser pretencioso, más si se toma en cuenta que invertir en educación superior y la labor de investigación que realizan las universidades públicas es asegurar el desarrollo nacional a largo plazo. Pero invertir en mejores salarios para 57 diputados sólo los beneficiaba a sí mismos y a sus familias.

     Entonces habría que preguntarle a la señora Martín cuál de los dos aumentos resulta más antojadizo y cuál de ellos trae mayores beneficios a la sociedad en general. Habría que saber a qué pueblo considera ella que representa.

     Si a finales de este mes no se ha llegado a un acuerdo entre el Ejecutivo y los cuatro rectores, la decisión quedará en manos de una Asamblea Legislativa con mayoría de curules liberacionistas.

     Y queda claro que la jefa verdiblanca está dispuesta a seguir disimulando las ambiciones de su colmillo, a sentir suficiente autoridad moral para promover recortes presupuestarios a las universidades públicas.

     Es por eso que con este tipo de políticos hay que tener cuidado, pues por más que vayan disfrazados, no dejan de ser como lobos hambrientos que ascienden al poder en busca de su propio beneficio y no en favor del pueblo.