RÍO DE JANEIRO.- 
Especialistas de 13 países de América Latina propusieron una nueva política de drogas que no profundice la violencia y sea menos represiva de los usuarios, pues la guerra contra el narcotráfico "está perdida" en la región.

El debate tuvo lugar en la Segunda Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, celebrada en Río de Janeiro el jueves 26 y este viernes 27 de agosto.

Convocada por Intercambios, de Argentina, y Psicotropicus, de Brasil, dos organizaciones no gubernamentales que promueven cambios en la política mundial antidrogas, la conferencia abordó, entre otros, el asunto de la despenalización de la posesión y el consumo.

"La criminalización aleja a los usuarios de drogas de los servicios de salud por miedo a sufrir discriminación o a ser entregados a la policía", dijo en la inauguración el director de Psicotropicus, Luiz Paulo Guanabara.

Esa definición se plasmó en los discursos de la mayoría de los participantes del encuentro, apoyado por la Organización Panamericana de la Salud y con la presencia del representante para Brasil y el Cono Sur de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Bo Mathiesen.

"La respuesta son políticas sociales, de salud y de inclusión social", resumió para IPS la argentina Graciela Touzé, presidenta de Intercambios.

Touzé se refirió al caso de su país, donde la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, en agosto de 2009, penalizar la posesión de drogas para consumo personal, pues contraviene un artículo de la Constitución que protege el derecho a la intimidad.

A partir de ese fallo, que sentó jurisprudencia, se espera que el Congreso legislativo de Argentina modifique la ley de drogas vigente hace 20 años.

Según Touzé, la reforma es necesaria ante la evidente ineficacia de esa ley que "se centró en la persecución judicial de los consumidores", que son "los eslabones más débiles".

Para Intercambios, los asuntos vinculados a las drogas deben verse como problemas de salud pública para que "prevalezca el respeto a los derechos humanos".

"Estamos a favor de una modificación de las políticas punitivas y de persecución. Creemos que la represión no es la respuesta a un problema social como el de las drogas", añadió.

El diputado del brasileño estado de Río de Janeiro, Carlos Minc, ex ministro de Ambiente del actual gobierno, pidió cambios en el mismo sentido.

Puesto que la "guerra contra las drogas está perdida", hay que revisar la legislación brasileña que, entre otros puntos, penaliza como traficante incluso a quien ofrece drogas sin fines de lucro.

En virtud de esa norma, "quien aparezca en una rueda de amigos apenas con un ‘baseado’ --cigarrillo de marihuana-- para fumar juntos, puede ir preso como traficante", destacó Minc, del gobernante Partido de los Trabajadores. La penalización sólo contribuye a empeorar la superpoblación de las cárceles, agregó.

La criminalización y la represión se expresan de forma simbólica y trágica en la masacre de de 72 inmigrantes latinoamericanos cometida esta semana en México, presuntamente a manos de bandas del narcotráfico, apuntó Jorge Hernández Tinajero, presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas.

El experto criticó el desequilibrio entre las políticas de salud y de seguridad.

"Más de 90 por ciento de los recursos en México se invierten en la lucha contra las drogas en términos policiales y militares, y menos de 10 por ciento en términos preventivos, educativos y de entrenamiento", dijo Hernández Tinajero a IPS.

El secretario nacional de Justicia de Brasil, Pedro Vieira Abramovay, destacó la importancia de un debate "sin prejuicios" para comenzar a modificar esos conceptos.

"Una lógica de salud pública y de debate general en la sociedad es mucho más importante y eficiente que la lógica de la guerra", dijo el funcionario a IPS.

Sin embargo, aseguró no saber si es momento para hablar de despenalización en este país, aunque destacó la necesidad de cambios "para que podamos tratar al traficante como un criminal, y al usuario con una perspectiva de salud pública".

Los resultados de una política no represiva son exitosos, de acuerdo al representante del Instituto de Droga y Toxicomanía de Portugal, Manuel Cardoso, que expuso los logros de nueve años de vigencia de una ley que despenalizó el consumo personal de todo tipo de drogas.

Cardoso dijo a IPS que no sólo disminuyó el consumo entre los más jóvenes, sino que se modificó el rumbo del combate a las drogas, antes más volcado hacia el pequeño traficante y el consumidor en detrimento de la persecución al gran tráfico.

Un nuevo abordaje al problema fue propuesto en febrero de 2009 por el informe "Drogas y democracia en América Latina: hacia un cambio de paradigma", elaborado, entre otros, por los ex presidentes César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México) y Fernando Henrique Cardoso (Brasil).

Tras anotar que "la violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas constituyen uno de los problemas más graves de América Latina", el documento exhortó a "rectificar la estrategia de ‘guerra a las drogas’ aplicada en los últimos treinta años en la región".

Sin embargo, pocos se atreven a defender la legalización del comercio de la droga. Eso debe discutirse en el ámbito internacional, en entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para no violar acuerdos existentes, alegan.

"Ni hablamos de eso", dijo Cardoso. "Para nosotros despenalizar es una cuestión de sentido común, mientras que legalizar está fuera de cuestión", aclaró.

Pero Rubem Cesar Fernandes, director de la organización no gubernamental brasileña Viva Rio, sí cree necesario empezar a hablar de legalización del comercio de drogas, por lo menos de las "menos duras y peligrosas", como la marihuana.

Por ser la más consumida, es la "que tiene en término de valores de mercado un significado enorme para reducir el control del crimen sobre el mercado", dijo Fernandes a IPS.

Y ese cambio es necesario para acabar con el "monopolio criminal" de la droga y sus consecuencias de militarización del conflicto, añadió. Viva Rio se dedica a combatir la violencia a través de programas sociales.

Para la marihuana, las reformas deben abarcar la posibilidad de "producir para uso propio", en asociaciones como cooperativas de amigos o vecinos, sugirió.

"Hay que abrir espacios para una actividad legal en relación a las drogas, porque hoy en día están totalmente dominadas por el crimen", concluyó.