Redacción.- Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos recibieron hoy en audiencia al Gerente General de Correos de Costa Rica, Álvaro Coghi Gómez, para referirse al proyecto de ley 17497 Ley del Sector Postal de Costa Rica.

Dicha iniciativa tiene como objeto establecer el ámbito de operación y los mecanismos de regulación del sector postal del país.

Para el diputado socialcristiano, José Roberto Rodríguez Quesada, este proyecto es muy importante porque ayuda a generar riqueza y empleo, a la vez que regula el mercado postal.

Los fines de esta Ley son: fortalecer el marco normativo para prestar el servicio postal universal, garantiza el derecho de los habitantes a obtener servicios postales en los términos establecidos en esta Ley.

El Gerente General de Correos de Costa Rica resaltó que con esta legislación se busca proteger los derechos de los usuarios de los servicios postales, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad

“Desde la Gerencia General hemos apoyado este proyecto y nos hemos dedicado a promoverlo para ayudar a dar una mayor y mejor cobertura, así como una mejor información, mejorando también la prestación de los servicios”, sostuvo Álvaro Coghi Gómez.

En la segunda audiencia del día  los miembros de la Comisión recibieron a la Ministra de Vivienda, Irene Campos Gómez, para referirse al proyecto de ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, mejor conocido como proyecto de clase media-baja.

Para la Ministra esta iniciativa es muy importante para el Poder Ejecutivo, ya que la problemática de vivienda de clase media se viene arrastrando por muchos años y está asociada a la dificultad de crédito y la falta de oferta de una vivienda a un costo accesible

“Esta propuesta está enfocada en ayudar a dar crédito para vivienda a la clases media-baja de la población”, sostuvo la Ministra de Vivienda, Irene Campos Gómez.

Agregó que uno de los aspectos que le inquietan y llamo la atención de los diputados se da en el artículo 2 del proyecto al definir que para obtener el subsidio del bono familiar de vivienda, podrá utilizarse solamente a las entidades autorizadas del Sistema que cumplan los requisitos y obligaciones y estén sujetas a la fiscalización y supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras

Por lo que no podría entrar a trabajar en beneficio de esta población, una institución como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU, que no podrían ayudar dado que no es supervisado por la Superintendencia, por lo que la Ministra pidió a los diputados valorar la posibilidad de incluir entidades no autorizadas.