San José.- En estos tiempos de exclusión social, de crecimiento de la desigualdad, de empobrecimiento salarial, de concentración de la riqueza, la necesidad del fortalecimiento del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), es indiscutible.

Estamos comprometidos con la defensa de su institucionalidad y por eso tenemos que llamar la atención acerca del momento político que esta importante institución, el banco de la gente del trabajo, está viviendo.

Al vencer el período actual de su junta directiva, cobra notoriedad la elección de la próxima. Se trata de la designación de siete personas: tres que nombra el Poder Ejecutivo (Gobierno) y cuatro que salen de su asamblea de trabajadores y de trabajadoras (ATTBP). Ésta se compone de 290 personas provenientes de diversos sectores sociales: cooperativismo, sindicalismo, solidarismo, comunalismo, magisterio, profesionales, artesanos, independientes (cuentapropistas) y otros. Hablamos de la elección de la nueva directiva que regirá los destinos de Banco Popular del 2010 al 2014.

Estamos intentando llamar la atención de la señora Presidenta, doña Laura Chinchilla Miranda en tal sentido. El gobierno anterior emitió un arbitrario decreto violentando la autonomía de elección de las cuatro personas que debe nombrar la ATTBP. Los hermanos Arias pretendían hacerse con el control del Banco Popular, al que “tirios y troyanos” le reconocen su importancia, su solidez financiera, su prestigio y el muy honroso tercer lugar que ya ostenta en el “ranking” bancario nacional.

Ese arbitrario decreto le pasó por encima a directrices de la propia Contraloría General de la República (CGR), acerca de cómo había que hacer el proceso en los sectores para la elección de esas 290 personas de la ATTBP. Tal fue el abuso que obligó a que el asunto fuese llevado a la Sala IV, donde está para su resolución. Como si no fuera suficiente, la propia Procuraduría General de la República, ha fijado posición indicando lo abusivo y arbitrario del decreto interventor de los hermanos Arias en los asuntos internos del proceso de elección de las 290 personas delegadas de la ATTBP.

Lo que puede pasar con ese abusivo decreto, puede ser algo similar con lo que ocurrió con la no menos abusiva e ilegal intromisión en los asuntos internos del sindicato Sintrajap, algo ya fallado, constitucionalmente hablando y de manera inapelable, como todo el mundo sabe y que nos tiene con gran alegría a quienes no somos neoliberales.

El respetuoso mensaje para la primera mandataria es porqué exponerse a otro golpe político, de igual impacto, ante una bronca que no es suya, que le fue heredada pero cuya responsabilidad directa, si bien no es de su propio gobierno, se la cargarán al suyo.

Es mejor dejar fluir la independencia, la autonomía, la soberanía de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular. En el entretanto, se puede dejar vigente la actual junta directiva saliente del BP, de manera “pro tempore”, transitoria, hasta que “las aguas vuelvan a su nivel”; sin sufrir un nuevo desgaste político ante la apertura de otro foco de conflicto en el que usted, señora Presidenta, no tuvo “vela en ese entierro”.