San Salvador.- El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, recibió ayer en una ceremonia solemne los cuerpos de 11 de los 13 connacionales asesinados en la masacre de Tamaulipas, México.

  Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana trasladó los cadáveres hasta el aeropuerto internacional de Comalapa, donde fueron recibidos por autoridades y familiares.

"Este es un momento difícil para el pueblo salvadoreño y en particular para los familiares, padres, madres, hermanos y hermanas, hijos e hijas de quienes perdieron la vida de un querido familiar en un hecho sin precedentes hasta ahora en la historia de las migraciones en nuestro país", expresó el mandatario.

Durante la emotiva ceremonia, Funes recordó que hace tres años vivió una situación similar cuando desconocidos asesinaron a su hijo Alejandro Funes en Francia, donde estudiaba fotografía profesional.

Los féretros de las víctimas de Tamaulipas llegaron envueltos en la bandera salvadoreña y fueron recibidos con honores militares.

La masacre ocurrió el pasado 22 de agosto en ese fronterizo estado del norte de México, cuando presuntos miembros de la banda criminal Los Zetas asesinaron a 72 indocumentados de El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y Brasil.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre los salvadoreños muertos figuran ocho hombres, tres mujeres y dos menores de edad a quienes no se les pudo hacer la comprobación dactilar debido a que este país sólo practica ese registro a los mayores de 18 años.

Tras estos sucesos que conmovieron a la comunidad internacional, Funes pactó una reunión con su homólogo mexicano, Felipe Calderón, con quien prevé analizar próximamente el tema de la seguridad.

Las autoridades estiman que cerca de 300 salvadoreños salen diariamente del país para intentar ingresar a Estados Unidos a riesgo de sus propias vidas.

Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, la mayoría de violaciones contra los emigrantes sucede en suelo mexicano, paso obligado hacia el país del norte y donde los indocumentados son sometidos a vejaciones por parte de las autoridades locales y de la delincuencia organizada.