San José.- En una revisión de seguimiento tarifario, la Autoridad Reguladora identificó un error en el cálculo de las tarifas vigentes en los servicios de acueducto y alcantarillado servidos por el AyA.

De conformidad con el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, se procedió a enmendar el error, lo que implica que el servicio de acueducto tendrá un ajuste adicional del 13,74% y el de alcantarillado de 11,55%, por 15 meses, a partir del 1 de octubre de este año.

El error consistió en la inclusión en el cálculo de la tarifa de una partida de ingresos que no correspondía, lo que provocó un valor inferior al que debió haber sido. Esto afectó el equilibrio financiero del prestador del servicio, por un monto acumulado en los primeros nueve meses de ¢ 3.626 millones (3% de los ingresos totales).

En diciembre de 2009 se aprobaron los ajustes para el 2010 y el 2011. En enero del 2010 el aumento fue del 15,2% cuando en realidad debió ser del 18%. Para compensar esa diferencia, se hará el ajuste que le permita al AyA recuperar los ingresos. Esto significa que, no habría necesidad de nuevos aumentos hasta el 2012, salvo que la apelación presentada por AyA les fuese fallada a su favor o se presente una nueva solicitud de revisión de tarifas.

El Regulador General, Dennis Meléndez, manifestó que “es nuestra responsabilidad otorgar los recursos que demanda el concepto de equilibrio financiero contenido en la Ley 7593, de manera que se le garantice a AyA un nivel adecuado y sostenible de los ingresos para la continuidad y expansión de este servicio público”.

Meléndez añadió que se evaluaron varios escenarios para hacer la corrección y se optó por el más favorable para los usuarios del servicio, y preservar la recuperación de los ingresos que AyA ha dejado de percibir entre enero y setiembre del 2010. Igualmente señaló que se abrirá una investigación administrativa para determinar si existe responsabilidad de los funcionarios que participaron en el estudio tarifario.

El jerarca de ARESEP aseguró que esta situación “es un motivo más que muestra la necesidad de una revisión de las metodologías que se aplican en la fijación de las tarifas de los servicios públicos, de modo que sean mucho más transparentes y se presten menos a este tipo de inconvenientes”.

La fijación aprobada provoca que una familia que consume 25 m3 tenga un aumento de ¢994 en su factura final. Con la tarifa vigente el cobro es de ¢7.254 a con las nuevas tarifas pagará ¢ 8.248.

Las nuevas tarifas aprobadas son: