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San José.- Representantes de la Universidad de Costa Rica, dejaron claro que las investigaciones que lleven a cabo las instituciones de salud pública, no deben quedar exentas de las regulaciones que se lleven a cabo en el ámbito privado, tal como se está proponiendo en los proyectos que estudia la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, sobre este tema.

Así lo dejó claro la doctora María del Rocío Rodríguez miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, (UCR) quien fue designada por esa casa de enseñanza superior para dirigir el comité que analiza las dos propuestas de ley relacionadas con las investigaciones en seres humanos y que les fueron consultadas.

Rodríguez reiteró que para la UCR esta ley es de tanta importancia que en dicho comité se integró a gran cantidad de sectores para que analicen profundamente todas las aristas que contiene.

Entre los grupos que participan en el análisis de los proyectos de ley destacan el Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular, Escuela de Tecnologías en Salud, Escuela de Biología, Instituto de Investigaciones Psicológicas, Maestría en Bioética, la Oficina Jurídica, Contraloría Universitaria, Comité Ético Científico (CEC), Vicerrectoría de Investigaciones, los institutos de investigaciones en Salud, Psicológicas, Farmacéuticas; los centros de investigaciones Hematológicas, Jurídicas, Sociales; las facultades de Medicina, Farmacia, Microbiología, Ciencias Sociales y las escuelas de Tecnologías en Salud, Nutrición, Enfermería y Salud.

Al iniciar su presentación, la doctora Rodríguez dejó claro que tal y como están las propuestas actuales, ninguno de los dos expedientes —17693 Ley general de investigaciones en seres humanos y el 17777 Ley que regula la investigación en seres humanos y protege los derechos y dignidad de las personas que participan en investigaciones—, llena todos los requisitos necesarios para garantizar una buena práctica en este campo.

De igual manera consideró que ninguna de las dos cumple a cabalidad con los requisitos de subsanar todos los elementos que fueron considerados como inconstitucionales por la Sala Cuarta cuando derogó el decreto que los regía.

Entre las observaciones que hizo la representante universitaria enumeró que ya desde el título se presentan inconsistencias por cuanto este hace creer que la ley va a comprender la totalidad de las investigaciones que se hacen con seres humanos, pero dentro de la propuesta sólo se hace referencia a investigaciones biomédicas y genéticas dejando sin cobertura lo que se relaciona con las áreas de psicología, de ciencias sociales e incluso otras de ciencias de la salud.

Al igual que lo han hecho algunos de sus antecesores, destacó que la propuesta es omisa en cuanto a las definiciones conceptuales, algunas de ellas tan relevantes como muerte natural, estándar de atención médica, incapacitados legales, compensaciones satisfactorias, etc.

Agregó que la propuesta no detalla regulaciones que podrían aplicarse a poblaciones vulnerables, como las legalmente incapacitadas y los indígenas, entre otros.

Según dijo la doctora Rodríguez en el capítulo del consentimiento informado han podido localizar la mayor cantidad de vacíos como por ejemplo no se regula la presencia de testigos, la obligación de dar copias a los participantes, así como las referentes a la conservación y destrucción de las muestras biológicas.

Uno de los puntos en los que estiman que faltan muchos detalles se relaciona con el derecho de los participantes a disfrutar de los beneficios que resulten de la investigación, así como a la provisión del medicamento experimental.

Los representantes universitarios dijeron que esta presentación fue apenas un resumen preliminar por lo que esperan, en un plazo de unos dos meses más tener el análisis completo de las dos iniciativas y además presentar a los congresistas todas las recomendaciones que consideran oportunas.

Mociones

En esta oportunidad los legisladores también le dieron trámite a más de una veintena de mociones que, vía art6ículo 137, le fueron presentadas al expediente 14352 Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, todas las cuales fueron rechazadas.

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