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San José.- Durante una actividad realizada por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en el auditorio Fernando Volio de la Asamblea Legislativa, se buscó concienciar a los diputados y sectores interesados en la necesidad de aprobar el proyecto de ley de desarrollo de los pueblos indígenas que se tramita bajo el expediente Nº 14352.

Así como dejar claro que en Costa Rica no hay indios sino indígenas y que representan el 1.7% de la población costarricense, lo que significa cerca de 63876 personas distribuidas por todo el territorio.

En Costa Rica se reconocen 22 territorios indígenas y ocho etnias entre ellas: los Malekus que habitan principalmente el cantón de Guatuso, los chorotegas se localizan entre los cantones de Hojancha y Nicoya, los Huetares que habitan principalmente en Mora y Puriscal.

Los Cabécares que habitan en Talamanca, así como los Bribris que están entre Puntarenas y Limón, los Térrabas y Teribes se encuentran en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas.

Y los Guaymies habitan en Sixaola y los cantones del sur del país y los Bruncas o Borucas en Buenos Aires de Puntarenas, así como en los territorios Boruca  y Rey Curré.

Para el experto en Derecho Indígena y Profesor de la Universidad de Costa Rica, Rubén Chacón Castro, con esta iniciativa se pretende subsanar una serie de lagunas existentes en la Ley Indígena de 1897, así como cumplir con los acuerdos internacionales ratificados por el país.

“Pedimos una definición dejando la indiferencia y la postergación que hemos tenido en este tema en los últimos 17 años, dando un reconocimiento a nuestros indígenas y defendiendo los derechos humanos”, sostuvo Rubén Chacón Castro.

Otro de los panelistas de la actividad fue el Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Fallas Acosta, quien abogó por una pronta aprobación del proyecto para cumplir con una deuda con los territorios indígenas, dándoles mayor identidad y reconocimiento en la participación de la  elaboración de las políticas publicas

Indicó que la estructura actual del Estado no garantiza a los habitantes de los pueblos indígenas la satisfacción de sus necesidades en educación, salud y red vial, entre otros.

“La Defensoría de los Habitantes continuará con los esfuerzos necesarios para la pronta aprobación de la legislación que dignifique la calidad de vida de los indígenas y cumpla con los derechos humanos y los acuerdos internacionales”, mencionó el Defensor Adjunto, Luis Fallas Acosta

Según el diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada, es indignante y vergonzoso lo que ha pasado durante 17 años, por lo que es indispensable cumplir con los compromisos que Costa Rica ha  asumido

“El convenio 196 de la OT es letra muerta en Costa Rica”, indicó el diputado Villalta Florez-Estrada.

Para finalizar el congresista dejo claro que la tardanza en la aprobación de la ley radica en un interés de sectores económicos por apoderarse de los terrenos de los pueblos indígenas, así como el deseo por explotar indiscriminadamente los recursos naturales de la zona.

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