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Ciudad de Guatemala.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó ayer a Guatemala imponer sanciones a funcionarios de gobierno que no cumplan con el presupuesto, sus reglas y regulaciones, y además adquieran más deuda flotante.

Según el informe final del FMI sobre la evaluación del acuerdo Stand By con el país, se debe reforzar la legislación y los controles del gasto público, e incluso crear un “Certificado de disponibilidad presupuestaria”, que sea requisito para poder contratar nuevas obras. Este certificado debería ser emitido por el Ministerio de Finanzas.

“Para mejorar el control, sería importante tener normas para declarar ilegal cualquier contrato u orden de compra sin dicho certificado”, indicó el documento, fechado el miércoles recién pasado. La nota no aclara qué tipo de sanciones se debería aplicar a los funcionarios que violen la norma.

El FMI sugirió estas medidas tras identificar atrasos en el gasto, ocasionado por el nivel de deuda flotante y la baja ejecución de los ministerios y secretarías. “Los atrasos del sector público son un problema crónico en Guatemala y parecen haber aumentado en los últimos tres años”, destacó. El más común es el generado por entidades de Gobierno que comprometen recursos para la compra de bienes o servicios, sin que ese gasto haya sido previsto en el presupuesto ni que esté cubierto por sistemas financieros de información deuda flotante.

Según estimaciones de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, al 6 de septiembre último la deuda flotante acumulada superaba los Q1 mil 500 millones. De estos, Q800 millones corresponden a la Dirección General de Caminos; Q400 millones, al Fondo de Conservación Vial; y Q400 millones, generados por la tormenta Ágatha.

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