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San José.- La Defensoría de los Habitantes urgió hoy al Ministerio de Justicia la reubicación inmediata y sin más dilación, de más de 200 mujeres privadas de libertad que se encuentran en el centro penitenciario El Buen Pastor, por el riesgo a que están expuestas, por los constantes desprendimientos registrados en el terreno ubicado en la margen del Río Cañas y que colindan con los módulos A y B donde están ubicadas. Así quedó demostrado en un informe elaborado por la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes.

Adicionalmente información técnica consultada y elaborada por geólogos de la Universidad de Costa Rica y de la Comisión Nacional de Emergencia han informado que existe una situación de riesgo, al punto que en los últimos años se ha dado un acelerado avance de los deslizamientos que comprenden el área de los módulos, el edificio administrativo del Centro Institucional, y particularmente el fortín 7 y 8 y la plaza de deportes.

Aunque la Defensoría sostiene que a la fecha, se han tomado algunas medidas necesarias para mitigar el problema, las mismas han resultado insuficientes debido a la magnitud del problema y más bien, esta dilación en el tiempo ha exacerbado las condiciones de riesgo.

A lo largo de los años se han realizado construcciones para ampliar el Centro, pero no se ha procurado un mantenimiento adecuado y estable de las instalaciones antiguas, ni de los terrenos.  El caso en estudio no se trata únicamente de condiciones de infraestructura que conculcan los derechos de las mujeres privadas de libertad, sino que se trata de un asunto de riesgo a partir de las condiciones del terreno, de la ubicación en colindancia con el Río Cañas, -cuyo situación se ha diagnosticado por parte de la CNE desde hace más de  diez años- y de la ausencia de acciones concretas para atender el riesgo que tome en cuenta la vulnerabilidad de la población eventualmente víctima de la emergencia: mujeres privadas de libertad.

La Defensoría, en su informe, estima que el Ministerio ha actuado con negligencia al no plantear soluciones y medidas concretas que garanticen los derechos a la vida e integridad de la población privada de libertad.  En el transcurso de un año no se ha definido el traslado de la población ubicada en los edificios cercanos a la zona más afectada y se han ignorado elementos agravantes de la situación tales como el aumento de la población y el deterioro de las instalaciones.

A través de la investigación la Defensoría ha podido acreditar que existe riesgo para la población penitenciaria, y para las y los funcionarios.  En ese sentido, a pesar de que el informe DPM-INF-0733-2010 de la CNE señala que “se encuentra en peligro la vida humana de las privadas de libertad que conviven en los ámbitos A1 y A2”, a la fecha, las autoridades del Ministerio no han definido el traslado de esta población.  Aunado a ello, el informe señala dentro de las recomendaciones:  “No permitir desarrollos de infraestructura habitacional permanente ni temporal en la franja perimetral paralela al río a una distancia mínima de 35 metros medidos desde la orilla próxima al talud”, de lo que se desprende claramente para esta Defensoría que ninguna de las edificaciones actuales (Edificio Administrativo, cocina, comedor, capilla, oficialía de seguridad) cumple con esa distancia.

Cabe resaltar que de los documentos consultados, cualquiera de las medidas que se defina incluye la necesidad de trasladar a las mujeres por cuanto no es posible realizar las demoliciones que se han recomendado desde los órganos técnicos, con la población presente en el Centro, y con las y los funcionarios tanto de seguridad como de la Administración.

Durante la investigación, la Defensoría realizó reiteradas consultas a las autoridades del Ministerio con el fin de conocer las medidas que se tomarían para atender la situación y el plazo para su cumplimiento.  Las respuestas de las autoridades incluyeron la mención de la necesidad del estudio del talud, la posibilidad de construir un nuevo centro penitenciario y la solicitud de fondos a la CNE para la atención de la emergencia.

De esas medidas fue posible acreditar que la Junta Directiva de la CNE aprobó un monto de más de 25 millones de colones para efectuar el estudio de estabilidad del talud y un monto de casi 230 millones de colones para la demolición de la infraestructura en riesgo.  Según señaló la CNE se determinó la necesidad de demoler el edificio inmediato al borde del talud como medida urgente.

A la fecha, se conoce que el estudio de talud se encuentra en proceso y adicionalmente, que según el oficio DPPCIAB-246-2010, la estabilización del terreno tendría un costo aproximado a los 7 millones de dólares (que incluye toda la zona de riesgo y otros montos inferiores según la zona de intervención) y que, si no se realiza “se continuará perdiendo terreno y poniendo en riesgo a la comunidad y al Centro Penitenciario”.

La Defensoría considera inaceptable que ante la existencia de múltiples informes relacionados con criterios técnicos tanto del propio Ministerio, como del MOPT y de la CNE, los deslizamientos continúen reduciendo considerablemente el terreno sin que se tomen medidas inmediatas de traslado de la población penitenciaria y del personal.  Se trata de un evidente desgaste del terreno y se cuenta con recomendaciones técnicas rendidas por las instituciones que justifican plenamente la urgencia de la acción de traslado por parte del Ministerio, así como la necesidad urgente de la demolición de las estructuras que se encuentran en peligro.  

No obstante la existencia de criterio técnico y del inicio proyectado del proceso de contratación para efectuar la demolición de las edificaciones en riesgo, el Ministro solicitó la suspensión por tiempo indefinido de dicha contratación, indicando que para esa actividad se requiere el traslado de la población.  Con lo que se evidencia contundentemente que el Ministerio no ha asumido las acciones que le correspondían previo a la demolición y que la situación del Centro denunciada hace más de un año, no sólo persiste, sino que ha empeorado.

Se ha informado a la Defensoría que como parte de las soluciones incluyen la construcción de nuevos módulos en el terreno actual del Centro con el fin de que se traslade a la población y así iniciar los trabajos de demolición.  Este tipo de medidas constituyen una opción que no se realizaría a corto plazo y por lo tanto no resuelve la necesidad de atender la emergencia y garantizar la integridad física de las mujeres privadas de libertad, ni de las y los funcionarios.  

Pero más allá de no ser la medida inmediata que solucione la situación de riesgo, tampoco considera la Defensoría que pueda ser considerada como una medida a mediano o largo plazo en la medida que significa que el Estado –sea el Ministerio o la CNE- continúen invirtiendo millones de colones en un terreno que se ha reducido sustancialmente en el último año, que presenta problemas de escorrentía superficial, inadecuada disposición de aguas pluviales y negras y ausencia de estudios de suelo que garanticen calidad constructiva en otros sectores del lugar.  Todo ello según se ha acreditado ya en los informes rendidos por la CNE,  y a los que se adicionarán los resultados del estudio del talud que definirá los trabajos recomendados para esta zona, como fortalecimiento de talud o de terraceo que deberán realizarse y que implicarán, evidentemente, la reducción del terreno.

La Defensoría estima que el Ministerio de Justicia tiene la obligación ineludible de garantizar que las medidas que se tomen para resolver el problema objeto de investigación se enmarcarán en lineamientos y criterios ya establecidos de buena administración y gestión pública.  Es decir, que si se va a invertir un presupuesto millonario, esa inversión no puede realizarse sin que se garantice que constituye la solución más adecuada e integral, sostenible en el tiempo y tomando en cuenta las características de la población penitenciaria.  Todo lo anterior implica que si no se ha realizado hasta ahora, es oportuno y urgente que el Ministerio planifique la inversión tomando en cuenta las consideraciones esbozadas por esta Defensoría  y finalmente brinde una respuesta a las necesidades de las mujeres privadas de libertad.

Aunado a ello, es claro que cualquier solución que se tome a corto plazo no debe significar que se suspendan las gestiones que el Ministerio señala estar efectuando para la futura construcción de un nuevo centro de atención para mujeres.

La Defensoría considera que a partir de la evidencia presente en informes, reportes de inspección y fotografías, el deterioro es manifiesto y la situación ha sido calificada como de riesgo.

Aunado a ello, las competencias y responsabilidades del Ministerio están claramente establecidas en el ordenamiento y en ese sentido, es ineludible la obligación de garantizar los derechos de las mujeres privadas de libertad y de las y los funcionarios del Centro.  

En cuanto a los proyectos de inversión que se analizan en la CNE, es fundamental considerar que cualquier decisión financiera que se tome debe enmarcarse en una buena administración que valore el riesgo y que garantice la inversión en infraestructura para la solución de esta problemática tome en cuenta los factores que han generado los daños y la vulnerabilidad del lugar.

En ese sentido, la Defensoría considera que se debe valorar incluso la posibilidad de realizar inversiones en otro terreno que no genere riesgo alguno y que garantice que la inversión será eficiente y oportuna.  Ello por cuanto, según consta en los informes consultados, deberá hacerse una inversión de contención del talud independientemente de otros trabajos que se realicen en el tanto los deslizamientos van a continuar afectando de manera directa a las poblaciones que se ubican en la margen del Río Cañas.  Es decir, se requiere una inversión en el talud y adicionalmente, se impone una solución de infraestructura para el Centro, todo lo cual implica un presupuesto millonario  cuya inversión debe garantizarse.

Durante la investigación también la Defensoría evidenció una ausencia de información hacia el personal y hacia las mujeres privadas de libertad.  La situación de riesgo ha sido conocida por las privadas de libertad por su vivencia cotidiana en el Centro sin que se les haya brindado, desde el Ministerio, una adecuada información en concordancia con las limitaciones de seguridad que impone la situación de su restricción de libertad.   En ese sentido, la Defensoría resalta la labor del personal del Centro Buen Pastor que ha tenido como resultado la calma en el lugar.  

Asimismo la Defensoría considera que el Ministerio debe identificar mecanismos institucionales que le permitan disminuir la población privada de libertad que se encuentra en riesgo, tales como la regionalización del sistema de privación de libertad, valoraciones para los beneficios institucionales y resignificación de la oferta laboral desde una perspectiva de género.

LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA RECOMIENDA

Al Ministro de Justicia y Paz Social y
A la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE):

1. Garantizar que cualquier tipo de inversión que se realice para atender la situación del Centro de Atención Institucional Buen Pastor, cumpla con criterios de calidad, seguridad y durabilidad de los bienes y servicios, de buena administración y de eficiencia en la Administración Pública, parámetros bajo los cuales esta Defensoría no recomienda continuar haciendo inversión en el terreno ocupado por el Centro Buen Pastor.
   
   
2. Garantizar que el presupuesto destinado a las obras a corto y largo plazo no se invierta en mejoras o en construcciones de infraestructura cuya viabilidad no se encuentra sustentada en criterios técnicos, y en el uso racional y eficaz de los recursos públicos.
   
   
3. Tomar las medidas pertinentes para garantizar que en caso de emergencia se cuente con lugares adecuados que cumplan con los compromisos legales de custodia y, paralelamente, se garanticen los derechos de integridad física y psicológica, salud  y no estigmatización de las mujeres privadas de libertad.

Al Ministro de Justicia Paz Social y

1. Realizar una valoración del riesgo desde una perspectiva de género y de la vulnerabilidad que implica ser mujer privada de libertad.
   
   
2. Reubicar de manera inmediata a la población privada de libertad ubicadas en los módulos A1 y A2.
   
   
3. Reubicar a las y los funcionarios ubicados en la zona de mayor riesgo a un lugar seguro y adecuado para el cumplimiento de sus obligaciones.
   
   
4. Hasta tanto no se realice el traslado, dar información a las mujeres  privadas de libertad y las y los funcionarios sobre el plan institucional y los mecanismos de evacuación en caso de emergencia, con medidas diferenciadas para el día y la noche.  
   
   
5. Valorar la realización de un simulacro u otras acciones prácticas, en armonía con el deber de vigilancia y seguridad que la situación impone.
   
   
6. Asegurarse que inversiones se realicen en un  terreno estatal que garantice la eficiencia  y oportunidad.
   
   
7. Analizar las medidas institucionales para disminuir la población del Centro valorando las consideraciones expuestas en este informe: regionalización del sistema de privación de libertad, valoraciones para los beneficios institucionales y resignificación de la oferta laboral desde una perspectiva de género.
   
   
8. Responder los oficios remitido por el personal del Buen Pastor en garantía del derecho de respuesta.
   
   
9. En virtud de la negligencia evidenciada en la atención del riesgo,  iniciar los procesos institucionales correspondientes para la individualización de las eventuales responsabilidades".

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