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San José.- La Defensoría de los Habitantes solicitó explicaciones a las entidades bancarias públicas para que cumplan con los planes dados a conocer en el año 2008, donde se comprometieron a modificar los cajeros automáticos para que sean audibles a personas ciegas y, accesibles para personas en sillas de ruedas; tal y como lo establece la Ley N° 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

Tras una investigación realizada por la Defensoría, el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, el Banco Popular y el Banco Crédito Agrícola de Cartago se comprometieron, en el año 2008, a adquirir cajeros automáticos con los dispositivos audibles; sin embargo, sólo el Banco Nacional ha cumplido esta medida parcialmente, ya que no todos cuentan con este sistema.

Habitantes han denunciado que en el Banco de Costa Rica se cuenta con un programa de voz; sin embargo, es incompleta pues únicamente instruye a la o el usuario para que inserte la tarjeta y después no indica cuál es el menú de opciones que se ofrece y cuál tecla digitar.
 
Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes solicitó al sistema bancario nacional cumplir con lo dispuesto en la Ley 7600, concretamente en lo que se refiere a la accesibilidad de los cajeros automáticos para que sean utilizados por todas las personas, independientemente de su condición.

Considera la Defensoría que el Estado y las instituciones públicas deben garantizar el acceso al entorno adecuando el espacio físico, la información, la comunicación, los servicios, la documentación, las actitudes, entre otros, a las necesidades de las personas con discapacidad. Uno de los medios para adecuar el entorno es precisamente los servicios de apoyo, que tienen el objetivo de aumentar el grado de autonomía de las personas con discapacidad; entre estos servicios están: la interpretación en lengua de señas, la documentación en el sistema Braille, las prótesis, sillas de ruedas, audífonos, información audible, entre otros.

Así las cosas, la Defensoría remitió una gestión de información ante las autoridades de los cuatro bancos públicos, a fin de que expliquen qué sucedió con los planes para convertir los cajeros, el tiempo aproximado para que se ejecuten las obras; y los recursos con que se cuenta para alcanzar la accesibilidad plena en los cajeros automáticos.

Por otra parte, pese a que la Defensoría no puede intervenir sobre los bancos privados, en virtud de que su ámbito de competencia es el sector público; sí hace un llamado a la Asociación Bancaria Costarricense a efecto de que procure el efectivo cumplimiento de la Ley Nº 7600 entre sus entidades afiliadas.

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