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Ciudad de Guatemala.- "La ley es la ley y no es que sea disuasiva o no, mientras esté vigente tiene que aplicarse. Soy una persona que defiende los derechos humanos, entre ellos la vida, pero la vida de los honrados, no de una persona que no tuvo escrúpulos para quitarle la vida a otra", opinó ante la consulta de IPS Anabella De León, legisladora por el derechista Partido Patriota.

El 5 de octubre, cinco días antes de la celebración del Día Mundial Contra la Pena de Muerte, el Congreso legislativo aprobó una iniciativa que reactiva el castigo al restablecer la potestad del presidente de Guatemala de otorgar o negar el perdón a los reclusos que sean condenados a morir por inyección letal.

De este modo se vuelve a cumplir con el artículo 4, numeral 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en San José de Costa Rica en 1969 y ratificada por Guatemala, donde se estable que toda persona condenada a muerte tiene derecho a pedir la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena y ésta no puede aplicarse mientras una solicitud de ese tipo esté pendiente de decisión.

La norma estará vigente a partir del 15 de enero de 2012, cuando haya tomado posesión el gobierno que surja de las elecciones generales de septiembre de 2011 en este país con 14 millones de habitantes.

Actualmente, 41 personas están condenadas a muerte por delitos como secuestro, ejecución extrajudicial y asesinato. Los últimos ajusticiados fueron dos en 1996, muertos por un pelotón de fusilamiento, y uno en 1998 y dos en 2000, a los que se les aplicó la inyección letal.

La pena máxima permanecía sin ser aplicada desde 2000, cuando asumió el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), a partir de que el parlamento derogara la ley que permitía a los condenados apelar el perdón ante la Presidencia del país.

El actual presidente de Guatemala, el socialdemócrata Álvaro Colom, vetó en 2008 una norma similar que se había aprobado ese año con el argumento de que no le correspondía al mandatario interponerse en un proceso judicial.

Colom ha anunciado que también impondrá su veto a la nueva ley que posibilita restablecer la aplicación de la pena capital. No obstante, el Poder Legislativo podría levantarlo y poner la norma en vigencia con el voto de dos tercios de los 158 miembros que componen el parlamento unicameral. La gobernante Unidad Nacional de la Esperanza sólo cuenta con 41 legisladores.

Además, partidos de oposición como los derechistas Partido Patriota y Líder tienen entre sus ofertas electorales la reactivación de la pena.

"La no aplicación de la pena de muerte contribuye a la impunidad que prevalece en Guatemala, a que haya más hechos delictivos y violencia. Por eso estamos a favor de ella, siempre y cuando se hayan agotado todos los recursos legales", dijo De León.

Además de Guatemala, Cuba y Estados Unidos son los únicos países de América que mantienen vigente la pena de muerte, aunque en la isla caribeña de régimen socialista no se la aplica desde 2003.

Según el artículo 43 del Código Penal guatemalteco, "la pena de muerte tiene carácter extraordinario y sólo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley", entre ellos el secuestro, el asesinato y la violación.

La nueva disposición legal aprobada ha provocado rechazo a nivel nacional e internacional.

"Está demostrado hasta la saciedad que la pena de muerte no resuelve los problemas de violencia existentes en Guatemala ni en ningún otro país", dijo a IPS el activista de derechos humanos Miguel Ángel Alvisurez.

Por su parte, Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado católico, dijo a IPS que los partidos políticos están ofreciendo la aplicación de las ejecuciones legales como parte de su campaña de corte "populista" a pesar de que se sabe que ello no disminuirá la violencia.

Javier Monterroso, del no gubernamental Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales, indicó a IPS que la reactivación de la pena capital "es una muestra de la falta de seriedad que hay en el debate político nacional en materia de seguridad y justicia".

Este activista calificó la medida como "un retroceso en materia de derechos humanos", que en "nada" contribuye a disminuir la criminalidad en el país.

A su criterio, la discusión de este tema demuestra que los partidos políticos están en la búsqueda de votos para las elecciones de 2011, mientras existe una agenda legislativa sobre seguridad y justicia que urge aprobar.

Las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público (ente investigador y acusador) para fortalecer la carrera fiscal y la creación de un sistema de evaluación y desempeño, y la ley de empresas privadas de seguridad están pendientes de aprobación, explicó Monterroso.

Mientras tanto la violencia en este país sigue imparable.

El no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo reportó que de enero a agosto de 2010 fueron asesinadas 2.132 personas, mientras que otras136 perdieron la vida en linchamientos, otra suerte de pena de muerte ejercida directamente y de modo ilegal por la población.

Así las cosas, el país intenta reactivar la pena capital como un disuasivo para evitar más pérdidas humanas a pesar de que 98 por ciento de los crímenes cometidos quedan en la impunidad, como señala la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), avalada por la Organización de las Naciones Unidas.

El rechazo ha tenido eco internacional.

"El presidente Colom ahora debe hacer su compromiso realidad, tal como hizo en 2008 tras una propuesta similar del Congreso. Si Guatemala reinstaurara la pena de muerte, iría en contra de la tendencia mundial y regional hacia la abolición de esta pena", dijo a comienzos de mes Sebastián Elgueta, investigador sobre Centroamérica de Amnistía Internacional.

También la Unión Europea se expresó. En un comunicado indicó que "la decisión del Legislativo (de Guatemala) envía una preocupante señal a la comunidad internacional, en un momento en el que el consenso global para la abolición de la pena de muerte está creciendo".

De hecho, una Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, abanderada por el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quedó instaurada el 7 de este mes en Madrid con la meta de lograr una moratoria universal efectiva en 2015. La iniciativa es presidida por el presidente de la Fundación para una Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza.

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