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San José.- Hemos escuchado con mucha atención la apertura de la sesión del Consejo Permanente de la OEA para atender la denuncia de Costa Rica sobre la invasión de territorio costarricense por fuerzas armadas de la hermana República de Nicaragua.

El Canciller costarricense René Castro hizo un planteamiento enérgico y preciso, contundente y probatorio presentando toda clase de pruebas gráficas, históricas y con las debidas referencias comprobatorias de su discurso descriptivo de los hechos desde el inicio de la invasión de la Finca por parte de Edén Pastora y un grupo de oficiales del ejército nicaragüense, y hasta este momento de su presentación, donde se manifiesta la actual e ilegal posesión de Isla Calero (por la fuerza) por parte de las fuerzas armadas de ese país, quienes simplemente eliminaron la Bandera de Costa Rica y la suplantaron por una de Nicaragua.

Dentro de las pruebas aportadas hemos observado con mayor relevancia, la presentación del mapa oficial del organismo nicaragüense “Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER)”, que confirma que Nicaragua ha aceptado siempre (como debe ser de acuerdo a los tratados) como parte del territorio costarricense a la Isla Calero ubicada de este lado de la margen del Río San Juan y hasta topar con el Río Colorado, según podemos observar en el mapa de INETER.



El Canciller costarricense paralelamente a su acusación presentada, mantuvo siempre una actitud conciliatoria e invitando a Nicaragua a resolver por la vía del diálogo este diferendo, pero manteniendo el requerimiento planteado a Nicaragua de que en primera instancia se retiren las tropas nicaragüenses del suelo costarricense para dar cabida posterior a un encuentro bilateral.

Sin embargo, el Embajador de Nicaragua ante la OEA, Denis Moncada, a nuestro juicio, se fue por la tangente introduciendo en la sesión el viejo problema ya resuelto de la posesión libre y soberana del Río San Juan por parte de Nicaragua, como si Costa Rica estuviera tratando de usurpar dicho río, y como si ese hubiera sido el propósito de la demanda de Costa Rica que es muy puntual y específica sobre la incursión de las fuerzas nicaragüenses a suelo costarricense, el depósito de desechos dañando el ecosistema en territorio nacional y culminando con la tala de árboles de dos hectáreas en suelo tico.

La exposición del Embajador Moncada (además de recordarnos las estrategias de confusión temática empleada por Mario Moreno Cantinflas), nos demuestran un único propósito,  el cual es dilatar las discusiones del verdadero problema anteponiendo episodios ya resueltos. Tiempo que suponemos será empleado para avanzar en su proyecto de trazar una nueva desembocadura del río, para convertir el trecho en un canal artificial dañando aún más la ecología nacional y cercenando un pedazo de la Isla Calero de propiedad costarricense.

Creemos que el Gobierno de Costa Rica debe estar en alerta permanente al respecto, pues aunque el caso llegue a ganarse (de lo cual estamos seguros salvo que ocurra algo inusual), los daños a territorio costarricense ya estarán hechos y no habrá indemnización económica alguna que pueda sanar el inmenso daño al ambiente ecológico nacional.

Creemos prudente que nuestra cancillería debiera ya, en este momento, prever dichos eventos y solicitar unos puestos fijos en la zona, de observadores internacionales. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad debería trasladar a la zona un contingente aún mayor de efectivos de la Fuerza Pública.

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