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San José.- La Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior aprobó la integración una subcomisión legislativa que analice el caso del dragado del río San Juan y la incursión de militares en territorio costarricense.

El grupo deberá rendir un informe en menos de diez días y darle seguimiento al tema con el fin de respaldar al Poder Ejecutivo en la posición de defender la soberanía nacional.

La diputada Alicia Fournier Vargas miembro de la Comisión presentó la iniciativa y dijo que no pueden de ninguna manera dejar de pronunciarse al respecto.

“Con fundamento en el Reglamento de la Asamblea Legislativa que le da potestad a esta comisión de que podamos dar seguimiento al tema que está suscitándose en el territorio fronterizo de nuestro país y fijar la posición”.

Por otra parte, el grupo legislativo recibió en audiencia al Presidente del Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), George Miley Rojas.

El funcionario acudió por un llamado de los diputados para referirse al proyecto 17671 que permite el establecimiento de un Tratado Comercio entre Costa Rica y Singapur.

El funcionario dijo que el proyecto no tiene ningún problema que afecte el sector y que todo el texto se ajusta a la legislación costarricense.

“Es muy importante que nuestras ideas se tomen en cuenta cada vez que se desee suscribir acuerdos comerciales con otros países. De aquí se define la política regulatoria especialmente del tema de telecomunicaciones”.

Entre los puntos que mencionó el Director de la SUTEL que no rozan con las normas vigentes en materia de telecomunicaciones están: la radiodifusión y la televisión sonora; el acceso universal del servicio; la transparencia en la información que suministren los operadores; interconexión y acceso de redes y el cumplimiento de obligaciones de pequeños y grandes operadores; evitar prácticas que violenten el régimen de competencia o discriminatorias; respeto del monopolio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en relación con el servicio de telefonía básica tradicional y finalmente la regulación en el uso de tecnologías.

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