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San José.- Expertos involucrados en el campo de las pensiones alimenticias aseguraron que el apremio corporal del padre o la madre que no paga la cuota correspondiente no soluciona el problema el cual repercute principalmente en la atención de los menores involucrados.

Así lo dejaron claro el Juez de Familia del Segundo Circuito Judicial Gilbert Gómez Reina y la licenciada Alejandra Mora Defensora de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, quienes fueron recibidos en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.

Ambos profesionales se refirieron al expediente 17708 por medio del cual se impulsa la propuesta de Ley de promoción del empleo para personas deudoras alimentarias desempleadas, que es una iniciativa del Presidente de la comisión el liberacionista Oscar Alfaro Zamora.

De acuerdo con los datos suministrados por la Defensora de la Mujer, un 69 por ciento de los beneficiarios de la pensión alimentaria son hijos y un 14 por ciento los hijos y la ex esposa en conjunto.

Las solicitantes de pensión son principalmente mujeres entre los 25 a los 45 años, divorciadas o separadas, de las cuales el 50 por ciento cuenta con una ocupación que les genera ingresos. Únicamente el 32 por ciento depende exclusivamente de la pensión alimentaria.

Otro de los datos relevantes aportado por Mora indica que antes de ser detenidos por el no pago de la pensión alimentaria, el 69 por ciento de los deudores contaba con un trabajo, aunque la gran mayoría eran temporales como muelleros, taxistas, taxista pirata, vendedor ambulante, peón agrícola, pintor industrial.

Un tercio de los detenidos pasó menos de un mes en prisión, otro tercio menos de dos meses, un 23 por ciento menos de cinco meses y el porcentaje restante estuvo más de ese tiempo.

Desintegración familiar

Por su parte el Juez de Familia del Segundo Circuito Judicial, Gilbert Gómez sostuvo que el apremio corporal por el no pago de la pensión alimentaria se encuentra en nuestra legislación desde 1867 y nunca ha resuelto el problema del incumplimiento, por eso el Estado debe asumir su responsabilidad de promover el empleo.

El costo económico y social para el Estado es enorme, pues de acuerdo con un estudio que se tiene en esta propia Asamblea (expediente 16 627) se indica que solo en la manutención de las personas detenidas por pensiones alimentarias se invierten más de 78 mil 300 millones de colones, aseguró el juez Gómez.

La legisladora del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) Rita Chaves Casanova manifestó su preocupación porque se le endilgue al Estado el compromiso de darle trabajo a todo aquel padre de familia que no lo tiene.

Para la legisladora liberacionista Annie Saborío Mora, la propuesta de ley mantiene inconsistencias ya que carece de un programa de educación sexual que es lo que viene incidiendo en que haya tantos niños y tanta promiscuidad irresponsable.

El Presidente de la Comisión Oscar Alfaro Zamora, quien es el proponente de la iniciativa aseguró que en ningún momento el proyecto pretende obligar al gobierno y a las empresas a nada, por el contrario, lo que se haría es contar con una bolsa de trabajo.

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