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San José.- El Gobierno de Costa Rica recibe con suma complacencia la decisión adoptada el día de hoy por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que, a instancia suya, se ha convocado a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas con el objeto de tratar el curso de los acontecimientos en la zona limítrofe con Nicaragua, la cual constituye una grave violación del Derecho Internacional que posa una seria amenaza a la paz y la seguridad en la región.
 
Ante la reiterada actitud del Gobierno de Nicaragua de no acatar las resoluciones de la OEA y de desconocer su competencia en este caso, así como tras constatar las dificultades expresadas el día de hoy por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, para aplicar mecanismos vinculantes para la aplicación de sus decisiones, y ante el grave daño que ocasionan día a día las acciones de militares y civiles de ese país al abrir un canal en nuestro territorio y destruir sistemas ecológicamente frágiles, el Gobierno de la República se ve obligado a recurrir a la fuerza del Derecho Internacional, solicitando el inicio de un procedimiento contencioso ante la Corte Internacional de Justicia.
 
Así, Costa Rica acudió hoy ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para poner fin a una situación ilegítima según las normas internacionales y los tratados, laudos y sentencias existentes que son obligatorios para los dos países, que además amenaza con causar daños inminentes e irreparables al país.  
 
Ante la Corte, Costa Rica inició una demanda contra Nicaragua y solicitó medidas cautelares para que ese tribunal ordene el cese de la construcción de un canal en suelo costarricense que, a muy corto plazo, magnificará el impacto en su territorio y en su ambiente. Costa Rica reitera que debe cesar toda acción que conduzca a un hecho consumado y permanente.  
 
La acción jurisdiccional presentada ante la Corte Internacional de Justicia obedece a la urgencia de recobrar el territorio invadido, evitar daños irreparables a su ambiente y responde a la convicción de que, cuando los mecanismos de seguridad colectiva tropiezan con la intransigencia y la negativa a colaborar de un Estado, la comunidad internacional siempre puede garantizar la vigencia del Derecho mediante las decisiones de carácter vinculante de su más alto Tribunal.
 
Las acciones políticas desarrolladas ante la OEA son manifestaciones de la confianza que ha depositado el país en la el Sistema Interamericano. Costa Rica continuará haciendo uso de los medios y recursos multilaterales porque tiene la convicción en que la acción hemisférica es una obligación reconocida por la comunidad internacional ante el quebrantamiento del Derecho Internacional.
 
La demanda contra Nicaragua y la solicitud de medidas cautelares que solo la Corte puede dictar, son instrumentos complementarios en la solución pacífica de las controversias de conformidad con el Derecho Internacional.
 
Costa Rica usa, y seguirá usando, todos los remedios políticos y jurídicos a su alcance para hacer valer sus derechos, imponer el respeto a la soberanía de la nación, la integridad de su territorio, a su patrimonio ambiental y a los derechos que ha conquistado en dos siglos de existencia como nación pacífica y desarmada.  

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