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San José.- En los últimos nueve años los juzgados israelíes han acumulado 645 denuncias por abusos, vejaciones y falta de humanidad en los principales centros de interrogatorios del país. Cada carpeta es un palestino amenazado, aterido de frío, hambriento, sin derecho a un baño, que desconoce hasta de qué se le acusa. La presión internacional llevó a que el Tribunal Supremo israelí, en 1999, vetase en la teoría cualquier tipo de violencia por parte de los servicios de inteligencia. Aunque la estadística refleja un descenso significativo, los casos no dejan de sucederse. Es lo que han desvelado a través de un informe conjunto dos de las ONG más importantes de la nación, B´Tselem y Hamoked, un documento que contiene el testimonio de 121 palestinos interrogados en condiciones “deplorables” en Petah Tikva, donde el Shin Bet, la agencia de seguridad interior de Israel, tiene su sede central.

Según los datos recabados por Yossi Wolfson, las denuncias tienen una base común de “inhumanidad”. “Se trata de romper el espíritu del detenido llevándolo a la ansiedad y al shock, al desconocimiento, al desamparo. Lo sacan de su vida normal, lo someten a la privación de sus estímulos sensoriales, al movimiento o al contacto humano. No lo dejan dormir, no les dan apenas de comer, los exponen a frío y calor extremo y al dolor de posturas forzadas y ataduras. Todo mezclado con amenazas, intimidación y, en ocasiones, violencia”. Ninguna de las quejas interpuestas ha derivado en una investigación criminal, denuncia, pese a la incontable legislación que se vulnera: la jurisprudencia del Supremo, la Convención contra la Tortura de la ONU, la Declaración de Derechos Humanos, las Convenciones de Ginebra, al menos tres resoluciones de Naciones Unidas… Los encierros sin derechos y sin acusaciones firmes se han llegado a prolongar hasta tres meses.

Ali Shtiyeh es carne viva de lo que relata el informe. Estudiante de Psicología, 23 años, dormía en su casa, en Salem (Cisjordania), cuando en febrero de 2009 un grupo de soldados irrumpió en ella. No buscaba a nadie en particular, pero toparon con él en el primer cuarto. “Comenzaron a golpearme en el pecho, los hombros y la espalda con sus rifles. Rompieron el armario, rajaron mi ropa y el colchón. Decían que buscaban armas. Como les avisé de que no había, patearon mi ordenador, la tele y el equipo de música. No me dejaron coger ropa ni darle un beso a mis padres. Me metieron en un camión militar y me llevaron a interrogar”, cuenta. El informe desvela que casi el 90% de las detenciones se hicieron, de hecho, en plena madrugada, y el 30% de ellas, con violencia física. Ali tuvo que ponerse boca abajo en el camión, con los pies y las manos esposados y un pañuelo en los ojos. Le iban pegando patadas cada vez que preguntaba qué delito había cometido. Con los golpes siempre recibía la misma respuesta: “Alguno habrá”. Estuvo tres semanas detenido sin saber qué le imputaban y luego fue puesto en libertad sin cargos (y sin explicaciones).

A M.A., 17 años, su detención le ha dejado un tratamiento de ansiolíticos permanente y un examen de acceso a la Universidad tirado por la ventana. 15 policías arrestaron a este menor en Nablus. Le dieron vueltas en coche durante seis horas, atado y ciego. Y llegó a Petah Tikva. “Me ordenaron que me desnudara. No quería, era marzo, hacía frío y sufro asma”, rememora con un hilo de voz. Pasó 28 días de la celda a la sala de interrogatorios, donde “un tal Steven” le decía que un amigo suyo lo había acusado de sabotajes a intereses israelíes. “Era imposible. Así me tenía cuatro o cinco horas, sin comer ni ir al baño, todos los días, con las manos atadas a la espalda, en una silla fija al suelo. Me dolía todo, pero él se reía”. En su celda, M.A. tampoco encontraba consuelo: tenía dos por dos metros, paredes irregulares, con salientes para que no pudiera apoyarse, y un techo bajísimo. Había un baño, sin tabique, “con un olor asqueroso”, y un colchón sucio, sin mantas. Logró que un médico le diese un inhalador, porque la humedad había empeorado su asma; usaba la medicina hasta siete veces al día. Lograr una aspirina le costó una semana. “Lo más difícil es que no podría ver ni a mis padres ni a mi abogado y no dejaron que Cruz Roja me diera los libros para estudiar”, se lamenta.

J.A., otro chico de 17 años, de Ramala, estudiante de electricidad, da cuenta de penurias parecidas. “En mi celda brillaba la luz eléctrica todo el día, no había ventanas. A veces no sabía si era noche o día. Se me secaban los ojos y dolían. Ponían muy fuerte el aire acondicionado. La comida era escasa y fría. Patatas crudas o arroz pasado, casi siempre. Me duché a los 10 días de llegar y sin jabón. Estuve tres semanas con el mismo pantalón, aunque me oriné durante la detención. Me salieron manchas en el cuerpo, pero no me dieron medicinas”, cuenta acelerado, frenético, como si así borrase lo pasado. Los médicos le han diagnosticado un raro hongo del que aún no se ha recuperado. Los dolores de cabeza por la intensa luz se repiten y tiene pesadillas. En ellas ve a su interrogador, que se carcajea al ver sus manos amoratadas ­–”No me quitaron las esposas en dos días”-. Lo que más recuerda es su indefensión cuando lo acusó de “tirar piedras y crear una bomba con gasolina”. Eso fue tras mes y medio entre rejas en Ofer y Petah Tikva. “Cuando me apresaron no me dijeron nada. Aquella noche sólo preguntaron dónde estaba el dinero”. ¿El dinero? “Sí, le robaron a mis padres los 8.000 shekels [poco más de de 1.500 euros] de su dormitorio”.

Este adolescente –que, como su compañero de fatigas, se niega a mostrar su rostro y a decir su nombre por miedo- afirma que no pudo ver a su abogado y al personal de Cruz Roja “hasta el juicio”, cinco meses después de su arresto. Lo dejaron libre, sin cargos. El momento en el que se rompió y casi confiesa “lo que no había” fue el día anterior a la vista, fue cuando amagaron con detener a miembros de su familia. “¿Cómo iba a consentirlo, siendo inocentes todos?”, llora. Su suerte es que la amenaza fue una bravuconada. Él se desmayó mientras los agentes reían.

Esa técnica de implicar a la familia es otra de las habituales que denuncian B´Tselem y Hamoked. A Baker Said, padre de cuatro hijos de Naplusa y zapatero, 43 años, le pusieron delante a su hermano Ali, a su madre, Rabe’ah, y, al fin, a su cuñada Nili, encerrados hasta que él confesara “su actuación contra actividades judías”. Rabe´ah, de 63 años, cuenta que le dio un ataque de pánico al ver la celda. Hacía sus necesidades de pie porque no podía agacharse al agujero que había en el suelo, ya que tiene un problema en las piernas. Le salieron erupciones y le dio una bajada de tensión. Cuando pensaba que la llevaban al médico, la llevaron a interrogar. Allí estaban sus hijos, llorando, dispuestos a decir lo que fuera para que la liberaran. Hoy Baker cumple una pena de seis meses por desórdenes públicos. Su madre tardó un mes en volver a casa.

El informe pone números a estos relatos, “para que no parezcan excepciones de pacifistas”, ironiza su autor. Esta es su estadística: el 68% de los detenidos estuvo en aislamiento sin acusación en firme en su contra; el 35% no recibió mudas limpias ni toallas en semanas; otro 27% se vio privado de una ducha siquiera; 13 interrogatorios se prolongaron más de 24 horas, siempre en sillas atornilladas al suelo y con las manos (a veces también los pies) atadas; un 36% de presos ha denunciado insultos y un 56%, amenazas violentas; en el 9% de las ocasiones se usó la violencia física explícita y un 42% de presos estuvo al menos una semana encerrado tras el fin de los interrogatorios. Una cuarta parte de las casas de detenidos fueron saqueadas o dañadas en el transcurso de su arresto. “Eso se llama trato inhumano y degradación y creo que es acertado llamarlo también tortura”, señala Yossi Wolfson, quien acusa a Israel de aplicar en sus centros de detención la doctrina de la CIA de los años 60 a 80, que era la empleada, denuncia, “por las principales dictaduras de América Latina”. “El resultado de la suma de esta humillación es la represión mental del detenido, que se convierte en masilla en manos del interrogador”, resume.

El Gobierno de Israel niega rotundamente las acusaciones. Desde el Ministerio de Justicia sostienen que se aplica con “absoluta rigurosidad” la doctrina del Tribunal Supremo que trata de velar por el bienestar de los detenidos. Hila Tene-Gilad, portavoz, afirma que el informe deviene de “afirmaciones generales, sin fundamento, algunas muy graves, sin pruebas”, que los interrogatorios se hacen “dentro de la completa legalidad” y que hay revisiones periódicas en los centros de detención que garantizan las buenas prácticas. “Son casos concretos –le contestan desde B´Tselem-, son las historias de denuncias puestas por presos con nombre y apellidos”. Justicia insiste: “Están en su derecho de denunciar, pero su testimonio no es cierto. Israel tiene que preservar su seguridad e impedir el aumento del terrorismo”, concluyen.

Actualmente, 7.000 presos palestinos cumplen condena en prisiones de Israel, según datos del propio Gobierno de Tel Aviv. A ellos se suman cerca de 4.000 árabes con pasaporte israelí. A finales de 2009 había 375 palestinos menores de edad en esas cárceles, según la ONG Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI).



Claves del informe

-Se han registrado 645 denuncias de palestinos por violencia y trato vejatorio en cárceles israelíes en nueve años. Entre los 121 testimonios que nutren el estudio, se encuentran los de cuatro mujeres y 18 menores de edad.

- Un tercio de los entrevistados denunció situaciones violentas en su interrogatorio y un 9%, violencia física explícita.

- Tres cuartas partes de los presos estuvo en régimen de aislamiento (68%) sin conocer las causas de su procesamiento.

- La mitad insiste en que fueron presionados y manipulados para que confesaran.

- El 30% de los arrestos se produjeron bajo violencia física y casi todos tuvieron lugar de madrugada; los detenidos no podían tomar sus efectos personales.

- El 35% de los palestinos detenidos no recibió ropa limpia ni toallas en semanas. A un 27% se les negó hasta una ducha.
- 13 interrogatorios se prolongaron durante más de 24 horas seguidas.

- El 36% de los interrogadores insultó a los detenidos y un 56% de los palestinos sufrió amenazas y gestos violentos por parte de su interrogador.

- El 42% de los presos estuvo al menos una semana encerrado tras el fin de los interrogatorios. La mitad de los detenidos quedó libre finalmente y sin cargos. Uno de cada siete desconoce qué cargos justificaron su arresto.

- En casi 200 casos se usó a familiares para amedrentar al detenido o llevarlo a una confesión forzada.

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