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San José.- La Defensoría de los Habitantes solicitó a los bancos estatales modificar la política  operativa que aplican actualmente respecto a la limitación para que cajeros automáticos dispensen billetes de mil y dos mil colones.

La solicitud responde a una investigación realizada por la Defensoría en la cual se constató que los cajeros automáticos de los bancos Popular, Nacional, de Costa Rica y Bancrédito, tanto del área metropolitana como de zonas rurales, por lo general, no dispensan billetes de baja denominación como los de mil y dos mil colones.

En consulta realizada por la Defensoría, los cuatro bancos justifican la medida, entre otras razones, por el deterioro que presentan los billetes de mil colones lo cual afecta la adecuada dispensa provocando atascamientos de los cajeros automáticos, la escasez de dicha moneda en el mercado, a un supuesto comunicado realizado por el Banco Central que indicó que no se estaría distribuyendo dicha denominación y, a los costos operativos que implica trabajar con billetes de bajo valor.

Así las cosas, la Defensoría solicitó a las autoridades del  Banco Central referirse a la supuesta existencia de una directriz de la institución que limita a los cajeros automáticos suministrar dichas nominaciones.

Según los informes brindados por la entidad, existe suficiente cantidad de billetes de mil colones para satisfacer las necesidades del mercado, asimismo cualquier billete deteriorado de mil colones puede ser cambiado por uno nuevo; y  no existe ningún tipo de directriz o prevención emitida por dicho Banco de la cual se puede deducir que habrá escasez de  inventario y circulante de dicha moneda.

“El Banco Central mantiene inventarios suficientes de las distintas denominaciones de billete, que permiten atender apropiadamente los requerimientos de la economía; no existen políticas que restrinjan de manera alguna el uso del billete de baja denominación, en especial el de mil colones”, detalló la Dirección del Departamento de Tesorería del BCCR en el oficio DSF-TES-302-2010 a la Defensoría de los Habitantes.

Aunado a lo anterior, consultada sobre el mismo tema, la Superintendencia  General de Entidades Financieras informó que, dicha institución no ha emitido ninguna regulación acerca de la distribución de billetes mediante la modalidad de cajero automático y que las entidades poseen plena capacidad para definir las condiciones bajo las cuales ofrecen este servicio.

Ante este panorama es criterio de la Defensoría que, pese a que los bancos comerciales pueden dispensar a través de los cajeros automáticos aquellas denominaciones de billete que le brinden mayor eficiencia operativa, deben tomar en consideración las posibles afectaciones que se puedan provocar a sus clientes; asimismo, en aras de la eficiencia operativa, no puede dejarse de lado la prestación de lo que se considera un servicio público.

La Defensoría sostiene que el quehacer de la banca pública debe tomar en consideración las necesidades de todos los sectores que forman parte de la economía incluyendo aquellas actividades fundamentales para el desarrollo como la construcción, ferias del agricultor, taxis, pulperías, supermercados, entre otros, los cuales requieren para su actividad comercial cotidiana montos de dinero o denominaciones de billetes de menos valor.  

“Para la Defensoría de los Habitantes el hecho de que existan disposiciones de los bancos públicos que limitan la circulación y el acceso de los usuarios de billetes de baja denominación por medio del mecanismo de cajero automático, lesionan la continuidad del servicio, situación que además vulnera la necesaria adaptación que todo servicio público debe prever. Si bien en la actualidad existe en el comercio otros medios para manipular el dinero como por ejemplo tarjetas plásticas e internet, una buena parte de la población costarricense no tiene acceso a este tipo de recursos, y por su situación económica se ven obligadas a utilizar billetes de baja denominación”, dijo la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.

A este informe el BCR presentó un recurso de reconsideración, el cual se encuentra en estudio por parte de la Defensoría para su resolución final.

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