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¿Qué más se debe esperar de parte de Daniel Ortega para entender que su inflexible intención es pasar por sobre toda ley, ir contra todo derecho y pasar por encima de la opinión pública para imponerse como presidente vitalicio y –si le fuera propicia la indiferencia ciudadana—, convertirse en un dictador a plenitud con un gobierno político-militar? En caso fueren aprobados los tres proyectos de ley sobre Defensa Nacional, Régimen Jurídico de Fronteras y Seguridad Nacional, que con carácter de urgencia presentó a mediados de la semana anterior, sólo habría que esperar el retorno de una dictadura monda y lironda, como ya se vivió en el período 1936-1979.

Las iniciativas de Ortega responden a su interés de darle respaldo legal a la subordinación partidaria de las fuerzas armadas, lo que ha venido logrando, hasta unificar bajo su poder los poderes político y militar, clásica fórmula para instaurar una dictadura. Un intento más de su proyecto de consolidar su poder por la vía militar aún no recorrida, pero largamente preparada, en caso le fallaran las otras vías, como en efecto le han fallado, para perpetuar su poder personal sobre el Estado.

En sus primeros días en la presidencia, ante el obstáculo a la reelección del artículo 147 constitucional, tanteó seducir a los sectores de la oposición con la idea de transformar el carácter presidencialista del Estado por el sistema parlamentario, con lo cual pretendía continuar con el control político como presidente de la Asamblea Nacional, dejando la presidencia para cualquiera de sus títeres, para llenar las formalidades protocolarias. Pero fracasó rápido en ese su intento.

Después, Ortega pasó a la agresión directa al orden constitucional para romper el obstáculo de la reelección. De esta fase anticonstitucional, derivaron los espurios fallos de los domesticados magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como el que declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución Política. Luego vino su decreto con el que suplantó al Poder Legislativo, al prolongar los períodos vencidos de los magistrados de la CSJ, y demás poderes del Estado, apoyándose en el fenecido artículo transitorio 201 y devuelto a la vida jurídica artificial, cuando lo incluyó en la Constitución que mandó a publicar, arrebatando también funciones propias de la Asamblea Nacional.

Entre tanto, Ortega hace funcionar un fraude con lo jurídico y lo constitucional, sigue consolidando el otro fraude, el del aparato electoral. La cedulación ciudadana la restringió a sus partidarios, impuso el cobro excesivo, ilegal y discriminatorio de 300 córdobas por cédula para la mayoría de los ciudadanos, y se la obsequia pronta y masivamente a trabajadores y funcionarios públicos. El control de la maquinaria electoral, lo ha consumado con la militarización de las delegaciones electorales de los departamentos, al poner al mando de los mismos a ex oficiales del Ejército y ex agentes de la antigua Seguridad del Estado, identificados con el orteguismo. En general, ha “militanterizado” también las dependencias del CSE; es decir, ha ubicado en todos los cargos a militantes del que aún llaman Frente Sandinista.

No vamos a repetir el ya bien conocido tema de la exclusión de observadores electorales nacionales y extranjeros creando, fuera de la ley, el “acompañamiento electoral” a conveniencia y con amistades políticas del orteguismo. Todo eso va quedando como recursos complementarios del fraude, y lo principal sigue siendo el ataque contra el artículo 147 de la Constitución. Los tres proyectos de ley, ya enviadas a comisión para su dictamen, evitando su discusión con el carácter de urgencia que pretendía darle el presidente Ortega, son para darle fundamento jurídico a la represión contra las justas y previsibles protestas por la violación del tan mencionado artículo 147 o contra el fraude electoral. Fue bueno que la oposición parlamentaria hubiese evitado el factor sorpresa que era el interés de Ortega, pero esta oposición –veleidosa y complaciente— no garantiza su rechazo y quién sabe si logra atemperar su agresividad con sus reformas.

Son dos motivos por los cuales Ortega le dio carácter de urgencia a sus proyectos de ley. Uno, que se agotó el tiempo para la pretendida reforma electoral, por lo cual se decidió por dar el golpe de Estado Civil contra la Constitucionalidad, y ahora lo combina con el recurso militar disfrazado. El otro es que Ortega necesita aprovechar –también con urgencia— la atmósfera ruidosa del conflicto tico-nica en la frontera sur, antes de que baje sus “patrióticos” decibeles.

Si se sospechaba que el origen del conflicto tiene algo de artificial, ahora, con la premura con que se presentan estos proyectos de ley, se confirma que el conflicto ha sido exagerado y hasta alargado intencionalmente para dar tiempo y dejar espacio a la promoción de un aire de “patriotismo” a la discusión de sus proyectos militares. Por lo ridículo que sería atribuir a este conflicto carácter de agresión extranjera para justificar la militarización de la sociedad nicaragüense, los proyectos de ley del presidente Ortega hacen referencia a imprecisas amenazas y agresiones “extranjeras”.

Algo menos creíble, y hasta ridículo, es pretender justificar la militarización de la sociedad, con el argumento de Edwin Castro –obviando la existencia del artículo 95 de la Constitución—, de que se busca lograr “el máximo respeto (…) a la subordinación del Ejército al poder civil presidente de la República”, y hacer más efectiva la lucha contra “el narcotráfico, crimen organizado y crímenes conexos”.

La desconexión del objetivo de estas leyes con la realidad del país, lo revela la otra justificación que dio un oficial del Ejército ante los diputados: que son necesarias para fortalecer la posición de Nicaragua ante la Corte de La Haya. Este argumento resalta su falsedad con solo ver que Costa Rica ha venido obteniendo mayor reconocimiento diplomático, sin tener leyes militares parecidas, y estando el derecho internacional más cercano a los intereses de Nicaragua. Elemental: la mala diplomacia o la calculadora diplomacia orteguista no se mejorará ni con tres ni con seis leyes militares.

Si estos proyectos fueren dictaminados con “urgencia”, quedarían unos pocos días para su discusión y aprobación antes del 15 de diciembre. Pero no es este hecho el que llama la atención, sino la actitud que tomará el PLC y ALN respecto a esas leyes. El señalado silencio de Wilfredo Navarro, habiendo recibido sigilosamente las iniciativas en su secretaría, es sintomático. Las sospechas y cosas ciertas que rodean la actuación de los aliados vergonzantes del orteguismo, crea expectativas… y no esperanzas.

La actitud de los diputados –oficialistas y opositores— ante las iniciativas militares de Daniel Ortega, sacará a luz la cara de los verdaderos traidores, que él se empeña en mirarlos en donde nunca han estado: entre sus críticos.

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