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San José.- Como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra hoy,  la Contraloría General de la República, la Procuraduría, el Ministerio Público y el Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD), propusieron una reforma a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública, que busca fortalecerla.

Tras un análisis conjunto de esta ley, vigente desde hace cinco años,  se pretende mejorar el régimen preventivo, el sistema de declaraciones juradas, el régimen sancionatorio y la equiparación de penas.

La Presidenta Chinchilla reafirmó el compromiso que adquirió su administración en la transparencia de las funciones públicas “debemos asegurarnos que los recursos que la democracia pone en manos de sus servidores no se desvíen para el beneficio personal o político, en detrimento del interés público

Asimismo, la Mandataria, expresó que la lucha contra la corrupción debe ser constante y los avances ininterrumpidos, “la presencia de los presidentes de los Supremos Poderes del Estado presentes en esta actividad, reafirma el interés de enfrentar este problema de manera integrada y al más alto nivel”, acotó.

Por otra, subrayó el importante acento que ha puesto esta administración en la instalación de un gobierno digital, por medio del cual el ciudadano tenga acceso a la información y ejerza una fiscalización de las decisiones administrativas.

“Se está dando especial énfasis a los procesos de contratación y compra de bienes y servicios. En 14 de las instituciones públicas que hacen parte del proyecto compra-red, ocho de diez compras se están realizando por esta vía, lo que garantiza un acceso más democrático y se supera la opacidad en los procesos de contratación que inducen  a la corrupción,  agregó la  presidenta Chinchilla.

El acto se realizó en el auditorio del Poder Judicial y contó con la presencia de la contralora general de la República, Rocío Aguilar Montoya; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora; el presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Gerardo Villanueva; la procuradora general, Ana Lorena Brenes; el fiscal general, Jorge Chavarría y el director del ICD, Carlos Alvarado.

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