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Londres.- Amnistía Internacional hizo llegar hoy una carta abierta al nuevo gobernador del Estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, en la cual presenta un resumen de los principales desafíos de derechos humanos y le llama a desarrollar un plan de acción en la materia.

En el día internacional de los derechos humanos, la organización resalta cuatro de las deudas pendientes en el Estado: los abusos contra migrantes irregulares, los ataques contra defensores de derechos humanos, la situación en la región Triqui y la impunidad por las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis de 2006.

Los miles de migrantes indocumentados que pasan por Oaxaca todos los años están expuestos a múltiples abusos. Sin embargo, las autoridades estatales han demostrado una preocupante falta de acción decisiva, coordinada y oportuna para garantizarles acceso a la justicia y protección.

Defensores y defensoras de derechos humanos continúan sufriendo ataques y actos de intimidación por realizar su legítimo trabajo, pero cuando demandan protección efectiva y una investigación que termine con la impunidad de sus agresores, las autoridades frecuentemente no respondan como deben.

En la región indígena Triqui varios grupos armados han actuado con impunidad por muchos años y, según fuentes locales, lo han hecho con el consentimiento o incluso con el apoyo de funcionarios municipales y estatales. En 2010 varios habitantes locales y dos defensores de derechos humanos perdieron la vida a manos de estos grupos. La nueva administración estatal tiene la responsabilidad de garantizar una investigación imparcial, pronta y eficaz sobre los vínculos de funcionarios públicos con estos grupos armados.

Por último, Amnistía Internacional le recuerda al nuevo gobernador que las víctimas de maltrato, tortura, detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos ocurridos durante la crisis de 2006 continúan esperando algunos avances en investigaciones imparciales que les garanticen verdad, justicia y reparación.

“Su nuevo gobierno tiene ante sí una oportunidad sin precedentes para construir una cultura de respeto por los derechos humanos y hacerlos realidad en el desempeño diario de las autoridades estatales y municipales” dice la misiva de Amnistía Internacional.

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