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Caracas.- La unicameral Asamblea Nacional legislativa, con más de 90 por ciento de diputados oficialistas, aprobó esta semana una reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, vigente desde 2005 y conocida con el acrónimo de Ley Resorte, y extendió sus disposiciones a Internet.

Serán sancionados los medios en Internet que emitan mensajes que "fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público, desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas, induzcan al homicidio o inciten al incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente", así como los que promuevan la guerra, el odio y la intolerancia por razones políticas, religiosas, de raza, de género o de xenofobia.

La reforma se adoptará en pocos días, así como otras leyes que la Asamblea elabora a gran velocidad, en una especie de "emergencia legislativa", para lo cual se corre contrarreloj con sesiones en días y horas inusuales para diciembre. Es que una nueva legislatura se instalará el 5 de enero con una fuerte bancada opositora, que pese a ser todavía minoritaria hará mucho ruido.

"Nadie debe temer. Las reformas son para proteger a la ciudadanía de problemas como la pornografía o la pedofilia", declaró el presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea, Manuel Villalba.

"Hay personas en el mundo de Internet que han tomado esta tecnología como una forma de dar rienda suelta a bajos instintos y por eso tiene que existir un Estado que proteja a la ciudadanía en general", añadió.

Por ello "ampliamos la ley (Resorte) a los medios electrónicos (por Internet). Si en un blog se emite un mensaje que incita al asesinato, esa persona se debe hacer responsable, al igual que la persona que administra la página, pues deben hacer buen uso del portal", ejemplificó Villalba, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Según la organización Reporteros Sin Fronteras, "la Ley Resorte en su versión inicial ya constituía una verdadera causa de autocensura para los medios de comunicación, describiendo infracciones demasiado generales bajo una forma ambigua y sujeta a cualquier interpretación".

"La reforma agrava este defecto hasta la caricatura", puntualizó la organización no gubernamental con sede en París.

Carlos Correa, de la entidad no gubernamental de comunicación Espacio Público, dijo a IPS que "ensanchar hasta Internet las normas sobre medios audiovisuales no calza con estándares internacionales y concede una gran discrecionalidad a órganos estatales, amén de que estamos ante una reforma apresurada, que afecta derechos sustantivos y por eso debiera dársele una amplia discusión en la sociedad".

Con la reforma se establecerá que los prestadores de servicios audiovisuales serán solidariamente responsables de infracciones y eventuales delitos en los mensajes de anunciantes o productores independientes que usen alguno de sus espacios.

En el caso de Internet, los responsables deberán tomar correctivos para vedar mensajes en sus foros o espacios de comentarios, una vez que entes estatales adviertan que están en presencia de un mensaje ilícito.

Por otra parte, la Ley de Telecomunicaciones de 2000, aprobada en la primera de las tres presidencias que lleva Hugo Chávez, será reformada para obligar a una renovación de sus licencias para todos los operadores de radio y TV. Ya está pronto a discusión el proyecto correspondiente.

También se aumentan los controles y sanciones, que van desde cesión de espacios para transmitir mensajes educativos hasta el cierre definitivo y revocación de la licencia.

La oposición en bloque, medios de comunicación privados críticos del gobierno, agrupaciones de periodistas y jerarcas de la Iglesia Católica han criticado la acentuación de controles estatales y los castigos que traen las reformas legales.

"¿Quién va a estar en contra de proteger a los niños, niñas y adolescentes de mensajes perjudiciales? Aquí nadie está limitando el acceso a Internet, lo que se quiere es establecer mecanismos para su buen uso. Eso es un debate mundial", dijo la periodista y parlamentaria del PSUV Desirée Santos al presentar la nueva Ley Resorte.

Eso es un debate mundial", dijo la periodista y parlamentaria al presentar la nueva Ley Resorte

Críticos como Correa opinan que "la búsqueda loable de protección de niños, niñas y adolescentes no debe llevar a medidas con las cuales para los ciudadanos cada vez más se reduce la oferta comunicacional, la diversidad de opciones para elegir".

"Se aplican sanciones a los contenidos aunque ya existen penas en el Código Penal para los mismos delitos, como en el caso de las ofensas a funcionarios, y por el contrario no se contempla ninguna protección en el caso de que los ciudadanos sean atropellados en medios de comunicación por funcionarios públicos", dijo Correa.

Las alarmas se dispararon porque los primeros borradores de reforma que circularon entre los diputados en los últimos tres días eran aún más restrictivos que el finalmente presentado para su votación en el parlamento.

Por ejemplo, se planteaba un punto único de acceso a Internet desde y hacia Venezuela, se prohibían los circuitos radiales (liquidando transmisiones deportivas y noticiosas en cadenas privadas nacionales) y la expansión a todo el país, mediante el sistema de abonados, de canales de televisión abierta autorizadas en una sola ciudad.

El guatemalteco Frank La Rue, relator de la Organización de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, lamentó la presentación de las reformas porque en su opinión "son válidas para modernizar sistemas o ante nuevas tendencias, pero la regulación de Internet debe ser mínima, para conservarlo como espacio libre".

Problemas similares "se presentan cuando China veda las opciones de Internet que dan cuenta de la entrega del premio Nobel de la Paz (este año) al disidente Liu Xiaobo, o la supresión que Estados Unidos quisiera hacer de Wikileaks".

"Se comprende que una crítica puede ser embarazosa, pero eso no la convierte en problema de seguridad", según La Rue.

En la misma línea, el chileno Luis Pardo Sáinz, presidente de la Asociación Interamericana de Radiodifusión, sostuvo que "Venezuela da una muestra de falta de voluntad democrática, porque en vez de tratar de silenciar a las voces discrepantes debería buscar que haya cada vez más, así sean justas o no".

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