México ocupa el primer lugar en el mundo en manejo sustentable de bosques comunitarios, con más de 800.000 hectáreas bajo ese esquema, indica el Banco Mundial.

Unas 2.300 comunidades cuentan con bosques en sus territorios, 600 de las cuales tienen empresas forestales, según el CCMSS.

"El esquema que puede funcionar es el fomento a pequeñas unidades. En la medida en que las familias dependan del bosque, tienen un incentivo para que perduren. Así se detiene la deforestación y se amplía la superficie", indicó a IPS Francisco Chapela, gerente regional de la no gubernamental internacional Rainforest Alliance.

México tiene unos 65 millones de hectáreas cubiertas de árboles, pero sólo 6,5 millones constan de permisos de aprovechamiento concedidos por la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Las autoridades indican que el país pierde anualmente unas 150.000 hectáreas, pero organizaciones ambientalistas como Greenpeace ubican ese dato por encima de las 500.000 hectáreas.

Dedicada a promover la explotación forestal sostenible desde 1986, Rainforest Alliance certifica empresas forestales. A la fecha, 43 emprendimientos mexicanos han recibido ese sello ecológico.

En 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró a 2011 como Año Internacional de los Bosques. Es la segunda vez que esto ocurre, puesto que ya habían protagonizado en 1985 una celebración especial.

Para este año, el lema es "Los bosques para las personas".

Las zonas forestales contienen 80 por ciento de la biodiversidad mundial y albergan a unos 300 millones de personas. Además, 1.600 millones de habitantes viven gracias a la riqueza de esos ecosistemas naturales.

"A la gente deben dejarle un desarrollo basado en los recursos, que no se acaban por usarlos", planteó a IPS Victoria Santos, directora técnica de la no gubernamental Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya.

Santos ha sido testigo en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo y a unos 1.600 kilómetros al sudeste de Ciudad de México, del impacto de huracanes y tormentas, como ocurrió con Dean en agosto de 2007.

Por su azote, 10 comunidades debieron frenar sus actividades forestales, de las cuales sólo tres han podido reactivar las operaciones. Surgida en 1986, esa organización abarca a 3.000 familias, que se benefician de unas 287.000 hectáreas, entre bosques y selvas.

En la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16), desarrollada a fines del año pasado en la sudoriental ciudad mexicana de Cancún, la comunidad internacional propició un principio de acuerdo en torno a la aplicación de un nuevo esquema de Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y Degradación de los Bosques.

Pero el llamado "Acuerdo de Cancún", signado por más de 190 naciones, no definió criterios técnicos ni fuentes de financiamiento para lo que se conoce como REDD+, la extensión del programa original aplicado desde 2008 por la FAO y los programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Medio Ambiente (Pnuma).

REDD, que actualmente se ejecuta en Bolivia, Indonesia, Filipinas, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, República Democrática del Congo, Tanzania, Vietnam y Zambia, busca combatir la deforestación, reducir las emisiones de dióxido de carbono y fomentar el acceso de los países participantes al apoyo técnico y financiero.

En la COP 16, el gobierno mexicano adelantó la visión en que basará su estrategia nacional de REDD, que estaría en marcha a partir de 2012. Sin embargo, hoy la medición de la degradación del suelo es escasa.

Esta estrategia "no debe sustituir la reducción de emisiones de otras fuentes. Es un riesgo si se aplica mal, pero al mismo tiempo es una oportunidad para detener la deforestación y la pérdida de los bosques, y poder enviar dinero hacia las comunidades para que hagan un manejo sostenible", dictaminó Zúñiga.

Programas como REDD deben sortear graves problemas en relación con la posesión de la tierra, los derechos de las comunidades originarias sobre los territorios y el desarrollo de plantaciones de monocultivos forestales.

"Las comunidades no han sido tomadas en cuenta, deben ser informadas de qué significa entrar en esos programas", planteó Santos.

"Una estrategia de control policial no sirve, la gente lo ve como una imposición. Es necesario crear incentivos y tener una mezcla de aprovechamiento forestal, conservación y pago por servicios ambientales", propuso Chapela.

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