protestas de trabajadores y trabajadoras migrantes en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. En Myanmar, el gobierno continuó reprimiendo la disidencia política: más de 2.100 personas permanecían recluidas por motivos políticos. Una de ellas, Aung San Suu Kyi, fue condenada a 18 meses más de arresto domiciliario tras un juicio injusto.

La violencia contra la población civil continuó registrándose en todo el planeta. En América, fuerzas de seguridad de países como Brasil, Jamaica, Colombia y México fueron responsables de centenares de homicidios ilegítimos, mientras que Estados Unidos siguió cometiendo violaciones de derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Gobiernos de África como Guinea y Madagascar respondieron a la disidencia con homicidios ilegítimos y uso excesivo de la fuerza.

Las comunidades romaníes de toda Europa sufrieron discriminación en el acceso a una amplia diversidad de derechos, como el derecho a la educación y a una vivienda adecuada. En mayo, las autoridades italianas pusieron en peligro las vidas de personas migrantes y solicitantes de asilo que llegaron en barco procedentes del Norte de África. No evaluaron sus necesidades de protección y obligaron a los barcos a regresar a Libia, país en el que no está establecido ningún procedimiento de concesión de asilo.

Muchos países presionaron para que se rindiesen cuentas sólo cuando les convenía políticamente, y dieron prioridad a la solidaridad regional frente a la necesidad de ocuparse de los derechos de las víctimas de abusos. Así, Estados Unidos y Estados europeos utilizaron su posición en el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a Israel de la adopción de medidas contundentes de rendición de cuentas por presuntos crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Pero también están a la vista los indicios de progreso. En noviembre, Alemania mostró cómo la jurisdicción universal puede contribuir a abordar la impunidad, al dictar una orden de detención que llevó al arresto del presidente de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, Ignace Murwanashyaka.

En América del Sur se celebraron, en aplicación de legislación nacional, varios juicios de ex jefes de Estado por violaciones de derechos humanos, y el ex presidente de Perú Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por graves violaciones de derechos humanos cometidas en 1991.

Instituciones regionales y nacionales han abordado cuestiones relativas a crímenes de derecho internacional. En noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por no investigar adecuadamente la desaparición forzada de Rosendo Radilla en 1974.

El Informe 2010 de Amnistía Internacional sostiene que la exigencia de rendición de cuentas no se limita a ofrecer un resarcimiento por homicidio o tortura, sino que se extiende a la negación de todos los derechos que necesitamos para vivir nuestra vida con dignidad.

El respeto por los derechos humanos debe ser un elemento básico de todas las respuestas nacionales e internacionales a la actual crisis económica, energética y alimentaria. Sin embargo, el derecho a la salud, la educación y la vivienda de los miles de millones de personas que viven en la pobreza en todo el mundo dista mucho de estar reconocido.

Cada año mueren más de medio millón de mujeres por complicaciones derivadas del embarazo. Los abusos contra los derechos humanos afectan directamente a los índices de mortalidad materna en Sierra Leona, Perú, Burkina Faso y Nicaragua.

Los desalojos forzosos que se llevaron a cabo en todo el mundo en 2009 sumieron aún más en la pobreza a muchas personas. En Phnom Penh, Camboya, familias con rentas bajas fueron desalojadas por la fuerza de una zona del centro de la ciudad afectada por proyectos inmobiliarios, tras sufrir años de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades. En india, una zona del estado oriental de Orissa que miles de indígenas consideran sagrada está amenazada por la construcción de una planta de extracción y procesado de aluminio.

La brecha en la justicia no sólo existe entre personas y gobiernos. El poder y la influencia de las empresas en todo el mundo es cada vez mayor, pero raramente hay rendición de cuentas. Se ha ampliado el derecho internacional para proteger los intereses económicos mundiales, mediante una amplia variedad de acuerdos comerciales y de inversión internacionales respaldados por mecanismos de aplicación.

Pero, mientras que los intereses económicos han conseguido que las leyes se adapten a ellos, las personas que más sufren las consecuencias de sus operaciones han visto a menudo cómo la ley y la protección que ofrece retroceden ante el poder empresarial. La desregularización, la necesidad de atraer inversiones extranjeras, y las disposiciones de los acuerdos comerciales y de inversión han reducido la protección que puede ofrecer la ley a las personas afectadas por operaciones empresariales, especialmente en los países en desarrollo.

Las empresas operan en una economía global, pero sin que exista un Estado de derecho global. Este informe pone de manifiesto el valor que muestra el movimiento de los derechos humanos en general, tanto organizaciones como personas, en su continua lucha para conseguir leyes nacionales e internacionales sólidas y en su insistencia en que estas leyes se utilicen para ofrecer verdadera justicia. Documenta la labor de Amnistía Internacional encaminada a sacar a la luz los abusos contra los derechos humanos y su exigencia de que todos los responsables rindan cuentas.