La Procuraduría General de la República impugnó en nombre del Estado, las medidas cautelares que dictó el Tribunal Contencioso Administrativo contra la minera Crucitas y se espera que la empresa lo haga también.  
 
Más claro no puede quedar el contubernio entre Estado y empresa minera. Es una vergüenza que el Estado costarricense defienda los intereses de una compañía minera transnacional en lugar de defender los intereses del pueblo costarricense.
 
¿Por qué el Estado impugna la medida que paraliza las obras en Crucitas? Acaso la medida cautelar era contra el Estado?
La medida cautelar lo único que pretende es que no se ocasione un daño irreparable hasta tanto no se resuelva el proceso ordinario.
 
El Estado tenía motivo alguno para apelar las medidas cautelares, y si lo ha hecho es porque solo le interesa defender los intereses de la minera.