La Fiscalía se ubicó en el Poder Judicial lo mismo que la Sala Constitucional, para apartarlas de las influencias políticas. La Contraloría en el Poder Legislativo también para apartarla del sometimiento a los intereses personales de los jerarcas administrativos. La Procuraduría, en el Poder Ejecutivo, pero con supuesta independencia de criterio. Todas las fronteras han sido derribadas para producir una deforme masa de potestades al servicio de intereses personales ocultos bajo el pretexto del falso interés público, la eliminación de la pobreza y la solidaridad. Palabras gastadas por tanto manosearlas para torcer hacia los amigos los negocios, crear clientela y comprar votos y voluntades con los fondos públicos.

El imaginario del poder, resumido a continuación, muestra la quiebra institucional que se vive en Costa Rica. Según ese gran fraude, la inseguridad ciudadana es percepción, la carretera a Caldera obra terminada, los bonos chinos un secreto de Estado, los fondos entregados por el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) menudo personal, las licitaciones con un solo oferente lo correcto, el uso de los fondos públicos con fines electorales un aseguramiento de la democracia, y las acciones de la Fiscalía y jueces sometidas a la voluntad de dos hermanos y un apellido, lo necesario porque, según su clientela de vividores, esa voluntad sustituye la soberanía nacional y representa al pueblo.

Se ha tejido una gran cobija de impunidad y entre más grande es, menos patria hay. Aquí, en Costa Rica, donde está enseñoreada la arbitrariedad, está acorralado el estado de derecho. El poder absoluto corrompe absolutamente y también desdora la inteligencia de quienes lo ejercen y de quienes le obedecen. Basta leer y oír las contradicciones y mentiras de los protagonistas de esta tragicomedia del affair BCIE y su indagatoria. También exigen, quienes detentan el poder y sus acólitos, que admitamos como normal, que en vez de que el interesado se apersone o contrate un abogado, sea un ministro de Estado quien le haga averiguaciones judiciales, por encargo. Proponen que creamos que el Fiscal General, apenas dos horas después de notificado el poderoso hermano, detuviera, sin hablar más que con el espejo, la indagatoria que determinó hacer un equipo de cuatro fiscales y sus asesores, después de estudiar, durante varios meses, los escabrosos antecedentes del affair BCIE.

El éxito está probado: no compareció el 14 de octubre del 2010, ya que el día 12 de octubre en que fue notificado "no lo permitió” como ha dicho públicamente. Allá el Fiscal quien alega su propia iluminación como causa de tan expedita acción. Pero el gran éxito es, simultáneamente, la gran prueba del vehemente fraude de la institucionalidad costarricense. Cuando los éxitos del gobernante, formal o de facto, son fracasos para la patria, el camino está claro.

La cruda realidad es que en Costa Rica apenas quedan vestigios de un estado de derecho. Vestigios que son defendidos por unos pocos funcionarios honorables y valientes, unos jueces aferrados al derecho y unos periodistas alérgicos a los mimos o amenazas del poder.

Todas las instituciones han dado muestra de contaminación y la impunidad ha acrecentado catedraliciamente la audacia del servilismo. El yoyismo de los líderes políticos alternativos tendrá aciagas consecuencias. La principal tarea ciudadana brilla al ojo.

*Diputado del Movimiento Libertario 2006-2010

En Costa Rica, donde está enseñoreada la arbitrariedad, está acorralado el estado de derecho.

El poder corrompe y también desdora la inteligencia de quienes lo ejercen y de quienes le obedecen. Basta leer y oír las contradicciones y mentiras de los protagonistas de esta tragicomedia del affair BCIE y su indagatoria.