• Diputado José María Villalta pide a la Presidenta Laura Chinchilla derogar el decreto.
  
• Entre beneficiados hay grupos vinculados con el oficialismo

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, denunció hoy, en conferencia de prensa, que la emisión del Decreto Ejecutivo No. 35962-MP-TUR “Reforma Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo”, por el gobierno del Expresidente Óscar Arias, el 12 de abril de 2010, causa la pérdida de al menos ¢602.749.654.78 anuales a las municipalidades de Liberia y Carrillo, al variarse el canon a pagar por los beneficiarios de las concesiones en esa Zona Marítimo-Terrestre.

Asimismo, el diputado dio a conocer que el día de hoy envió una carta a la Presidenta Laura Chinchilla, en la que le solicita derogar ese decreto, con el fin de dar el ejemplo en un contexto en el que el Gobierno pretende aprobar una reforma tributaria para hacer frente al déficit creciente en las finanzas públicas.

“Mientras que a las personas dedicadas a la agricultura, se les cobran altos montos por conceptos de impuesto territorial, incluso cuando trabajan tierras pequeñas y medianas, a este grupo de privilegiados, entre los que están allegados al Expresidente Arias y el oficialismo, se les baja casi en su totalidad el canon a pagar por explotar grandes proyectos turísticos en la Zona Marítimo Terrestre”, dijo el legislador.

La  denuncia es el resultado de una investigación realizada por el diputado Villalta con el apoyo del Centro de Investigación Legislativa (CEDIL) de la Asamblea Legislativa.  

Entre los aspectos más importantes de la reforma introducida por el Decreto en cuestión, se encuentra el cambio de la forma de cálculo de la base imponible del canon. Antes se calculaba a partir del valor de mercado de la propiedad, según los avalúos del Ministerio de Hacienda. Con el decreto se pasó a una  base imponible única para la fijación del canon a pagar por los concesionarios del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, en un dólar por metro cuadrado, ($1.56 indexado), en lugar del canon fijado según los avalúos del Ministerio de Hacienda.

Lo anterior implica una disminución sustancial de los valores totales de las concesiones (que se reducen, en conjunto, en más de 23 mil millones de colones

solo en los casos analizados por el despacho del diputado Villalta), y una merma sustancial del canon anual a pagar por los distintos concesionarios, independientemente del tamaño de aquellas.

A manera de ejemplo, uno de los concesionarios más grandes, “Carpathian Development S.A”, con un área de 147.991,88 metros cuadrados, antes avaluada en ¢2.427.066.832.00 por el Ministerio de Hacienda, debía pagar a la Municipalidad de Liberia un canon anual de ¢97.082.673.28, pero gracias al decreto emitido por la administración Arias, esta concesión pasó a valorarse en solo ¢120.051.013.06, y deberá pagar un canon anual de solamente ¢4.802.040.52 colones.

“Esto es un escándalo. ¿Cómo es posible que el metro cuadrado en el Golfo de Papagayo se valore en poco más de un dólar?”, cuestionó el diputado Villalta.

“Estamos ante un privilegio escandaloso a favor de algunas las personas y empresas más ricas de este país que poseen las propiedades más valiosas del territorio nacional. Mientras que al resto de habitantes de Costa Rica se les calcula el canon costero o el impuesto de bienes inmuebles según el valor estimado de sus propiedades y actualmente muchas municipalidades les están aumentando el monto a pagar por el incremento del valor de dichos inmuebles, a los concesionarios de Papagayo se les otorgó un monto fijo, por una cifra ridícula, que no guarda relación alguna con el valor real de sus propiedades”, concluyó el legislador.    

Como es de conocimiento público, entre los concesionarios del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo se encuentran empresas vinculadas ya sea empresarialmente o mediante lazos de parentesco, con el gobierno de Arias así como con el actual.

Es el caso de Ecodesarrollo Papagayo, una de cuyas accionistas es la empresa Florida Ice & Farm. El director general de esta compañía, Ramón Mendiola Sánchez es, a su vez, sobrino del Expresidente Arias Sánchez.

Otro ejemplo son las concesionarias “Oncilla Rayada S. A.”, “Mapache Travieso S. A.”, “Residencias Palmar Alunado. S. A.”, “Residencias Golondrina Egipcia S.A.”, “Armadillo Escondido S. A.” y Cedro de Invierno S. A.”, todas ellas representadas por el bufete de abogados BLP, una de cuyas socias es hija del Primer Vicepresidente de la República, Luis Liberman.

En este sentido, el diputado Villalta solicitó el apoyo de los medios de comunicación para investigar en profundidad y en detalle a cada uno de los concesionarios de la Zona Marítimo-Terrestre de Papagayo, quienes hasta el momento se benefician del decreto en cuestión.

Otros resultados del estudio realizado por el despacho del Frente Amplio con el apoyo del CEDIL, indican la existencia de deficiencias en el sistema de recaudación y manejo de las concesiones actuales, tanto por parte de las municipalidades involucradas, como por la administración tributaria, por lo cual es urgente fortalecerlas para que cumplan su trabajo adecuadamente.

El diputado Villalta también consideró “indispensable que el avalúo de las concesiones y la fijación del canon a pagar, regrese al dominio de la administración tributaria, en lugar del ICT, como está ahora.”