26 de enero de 2011
JMV-JFFA-018-2011


Señora.
Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República de Costa Rica
Su Despacho



Estimada señora:

Reciba un cordial saludo.

Como parte de mi labor de control político, he realizado una investigación del Decreto Ejecutivo N° 35962-MP-TUR, firmado el 12 de abril de 2010 y publicado en La Gaceta del 25 de mayo de 2010, mediante el cual se reforma el Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, el cual deseo poner en su conocimiento.

Señora Presidenta, el reglamento mencionado, incluye la fijación de un canon con base imponible fija a pagar por los concesionarios del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, que implica una reducción sustancial (de más del 90%) del monto final que deben pagar dichos concesionarios.  

Antes de la reforma de abril pasado, la fijación de dicho canon se remitía a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su respectivo reglamento, las cuales establecen que la tarifa del canon anual a pagar en todo el territorio nacional por concesiones, se calculará con base en el valor de la propiedad determinado mediante los avalúos que realice la Dirección General de la Tributación Directa.

Sin embargo, entre los aspectos más importantes de la reforma introducida por el decreto en cuestión, se encuentra la fijación de un canon con base imponible fija a pagar por los concesionarios del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, en US$1.00 por metro cuadrado, indexado a la tasa LIBOR acumulada a seis meses y anualizada con el promedio de los últimos doce meses, en lugar del canon fijado según los avalúos del Ministerio de Hacienda.

Esto quiere decir que el decreto cuestionado cambió el sistema de cálculo de la base imponible del impuesto, pasando de un sistema basado en el valor real a precios de mercado de las propiedades concesionadas (como rige para el resto de propiedades en el país) a uno de base fija, que no toma en cuenta el valor real, la plusvalía, de dichas propiedades. Tal cambio tiene como consecuencia reducciones millonarias de los montos que los concesionarios debían pagar por concepto del canon.

En la investigación efectuada en mi despacho con el apoyo técnico del Centro de Investigación (CEDIL) de la Asamblea Legislativa, hemos tomado como base los avalúos de la Administración Tributaria de Puntarenas, y encontramos que hay una afectación a los ingresos de las municipalidades de Carrillo y Liberia debido a la reducción del monto de los valores de las propiedades. El Ministerio de Hacienda establecía el precio de mercado como la base para definir los estudios y, como es sabido, las tierras que se encuentran en Papagayo son de las mejor valoradas entre los bienes raíces del país, mientras que la nueva herramienta establece un monto fijo de un dólar ($1.56 indexado) por metro cuadrado, un monto a todas luces ilógico y desproporcionado.

Lo anterior, señora Presidenta, causa una pérdida de ¢602.749.654.78 anuales a las municipalidades de Liberia y Carrillo (solo en los casos analizados por este despacho con avalúos del Ministerio de Hacienda), al variarse el canon a pagar por los beneficiarios de las concesiones en esa Zona Marítimo-Terrestre, pues el valor de las tierras, con la nueva forma de valorarlas para establecer el monto a pagar por cada concesionario, se disminuye  entre un 83,4 y un 99,1 por ciento.

Señora Presidenta, en tiempos de crisis fiscal, en que su Gobierno le solicita a la Asamblea Legislativa el trámite expedito de una reforma tributaria que incremente los impuestos que pesan sobre la población costarricense, es una total incoherencia que, simultáneamente, se mantenga en vigencia un decreto ejecutivo que rebaja significativamente los impuestos a los concesionarios de Papagayo. Es decir, un decreto que reduce casi en su totalidad los impuestos que pagan algunas de las personas y empresas más ricas de este país.

Además, según estudios preliminares que realizamos en mi despacho, varios de los concesionarios beneficiados con este descomunal recorte de impuestos, se encuentran morosos en sus obligaciones obrero-patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social.  

Por si fuera poco, el decreto de la Administración Arias establece un trato privilegiado a favor de los concesionarios de Papagayo que no tiene ningún otro concesionario de la Zona Marítimo-Terrestre ni el resto de las y los habitantes de Costa Rica que son propietarios de bienes inmuebles.

Según la Ley 6043, en las zonas costeras el canon por uso de la Zona Marítimo –Terrestre sustituye el impuesto de bienes inmuebles que las y los ciudadanos deben pagar a sus respectivas municipalidades por las propiedades inscritas a su nombre. Pero en ambos casos, la fijación del monto a pagar, se hace tomando en cuenta el valor de las propiedades y no un monto fijo invariable.

De hecho, recientemente vecinos y vecinas de varios cantones del país donde se ha incrementado el valor de la tierra han denunciado que los gobiernos locales vienen recalificando el valor de sus propiedades. Dichas recalificaciones, a su vez, han repercutido en la base imponible del impuesto de bienes inmuebles, provocando incrementos en el monto a pagar por concepto de dicho impuesto.

Esta situación está afectando a muchas familias costarricenses que habitan en las zonas costeras o en los cantones mencionados y que no cuentan con los ingresos necesarios para pagar esos incrementos del canon costero o del impuesto de bienes inmuebles. Precisamente este es el motivo por el cual cientos de agricultores y agricultoras de todo el país marcharon a la Asamblea Legislativa. El aumento del valor comercial de la tierra está favoreciendo aumentos considerables en el monto que se les cobra por impuesto de bienes inmuebles que no guardan proporción alguna con la realidad económica y social de su actividad.    

Sin embargo, mientras esto ocurre, el decreto cuestionado le estaría otorgando a los concesionarios de Papagayo el privilegio de ser los únicos titulares de propiedades en Costa Rica a quienes el impuesto territorial se les calcula a partir de una base fija, sin considerar el valor real de mercado de sus propiedades. Mientras la gran mayoría de las y los costarricenses sufren aumentos del canon costero y del impuesto de bienes inmuebles, dicho decreto impone un trato discriminatorio que reduce casi en su totalidad los impuestos que deben pagar algunos de los grupos más ricos y poderosos de este país. Evidentemente, señora Presidenta, aquí no hay solidaridad ni justicia tributaria.    

Por las razones expuestas, le solicito derogar este decreto que actúa directamente en contra de las finanzas de las municipalidades involucradas, con el fin de dar el ejemplo en un contexto en el que su gobierno pretende aprobar una reforma tributaria, para hacer frente al déficit creciente en las finanzas públicas.

No podemos permitir que un decreto hecho a última hora y en silencio, a la salida de un gobierno, dilapide de esta manera los fondos públicos y trate como necesitados a grupos socialmente privilegiados.

De antemano le agradezco la atención que se sirva prestar a la presente, así como su pronta respuesta.

De usted con toda consideración, atentamente,


José María Villalta Florez-Estrada
Diputado