Esta visible reducción se debió "fundamentalmente a la salida, directamente desde las prisiones hacia el destierro en España, de 56 presos, 41 de ellos Prisioneros de Conciencia adoptados por Amnistía Internacional, durante el segundo semestre de 2010. Las personas que optaron por el destierro viajaron acompañados por 323 familiares en total", detalló el texto.

La relación abarca 28 personas condenadas a severas penas, incluida la prisión perpetua, por delitos de terrorismo y 14 por piratería (relacionado con el tráfico de emigrantes), acompañada en algunos casos de asesinato.

También incluye a los 11 presos del grupo de 75 cuya prometida liberación continúa pendiente y ocho excarcelados bajo licencia extrapenal que viven en Cuba.

Por gestiones de la Iglesia Católica, el gobierno de Raúl Castro accedió a liberar a los 52 opositores que a mediados de 2010 aún permanecían en prisión. Los 11 que todavía están en la cárcel se niegan a aceptar la oferta oficial de abandonar el país luego de ser excarcelados, como hicieron los restantes ex reclusos.

Todos pertenecen al grupo de 75 disidentes enjuiciados en los primeros meses de 2003 bajo cargo de conspirar con Washington con fines subversivos. Esa causa irritó particularmente a la Unión Europea (UE), que reaccionó con una serie de medidas diplomáticas e interrumpió por algunos años el proceso de acercamiento con Cuba que se había iniciado por entonces.

En su evaluación, Sánchez se quejó de que en los lineamientos para el VI Congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), "no se dice una sola palabra en cuanto a la necesidad de mejorar la situación de derechos civiles, políticos, económicos y culturales de la ciudadanía, lo cual supondría reformas modernizadoras en el sistema de leyes".

El gobierno informó al convocar a la cita del PCC que estará dedicada exclusivamente a la actualización del modelo económico, cuyas principales proyecciones se encuentran actualmente bajo debate popular, a partir del llamado "Proyecto de lineamientos de la política económica y social".

Sánchez comentó a IPS que hay muchos problemas sociales acumulados que se pueden profundizar con medidas como la eliminación de subsidios estatales y la reducción de las plantillas laborales, que "significa el desempleo" de muchas personas. "En vez de avanzar, se está retrocediendo, ese es el riesgo que vemos", aseguró.

Al abundar en el tema, el documento indica que la situación puede generar tensiones y derivar en "un aumento de las expresiones de descontento de los ciudadanos, a las cuales el régimen responderá con represión pura y dura y, por lo tanto, a más violaciones de derechos civiles, políticos, económicos y sociales".

Según el texto, la CDHRN dispone documentación sobre al menos 870 detenciones por motivos políticos en 2009 y 2.074 detenciones el año pasado por iguales motivos.

"En la gran mayoría de los casos han sido detenciones arbitrarias por algunas horas o varios días", aunque al menos 10 de los detenidos permanecen en prisión a la espera de ser sometidos a juicio, indicó.

Para la organización disidente, "ningún gobierno tiene derecho a permitir u ordenar detenciones arbitrarias que signifiquen arrebatar la libertad a los ciudadanos ni siquiera por una hora y, mucho menos, maltratarles físicamente o someterles a vejaciones inaceptables".

En breves declaraciones a IPS, Sánchez puso como ejemplo el arresto por unas seis horas el miércoles del opositor Guillermo Fariñas, cuando junto a una veintena de otras personas protagonizó una protesta pública por el desalojo de una mujer embarazada y madre soltera de dos hijos que había ocupado un apartamento vacío de Salud Pública.

El hecho ocurrió en la central ciudad de Santa Clara. Fariñas recibió en 2010 el premio Sájarov a la libertad de Conciencia que concede anualmente el Parlamento Europeo. También del 24 de febrero al 8 de julio pasado realizó una huelga de hambre para reclamar la excarcelación de los presos con mayor deterioro de su salud.