De acuerdo con la titular de Salud, los casos de medicamentos adulterados vienen aumentando en el mundo y prueba de ello son los tres intentos de introducir en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) productos en esas condiciones, y que fueron detectados a tiempo gracias a los excelentes controles con que se cuenta en la actualidad.

Ávila recordó el reciente caso ocurrido en Panamá cuando unas 54 personas fallecieron al consumir una medicina —distribuida por la seguridad social— que era para la tos y se encontraba adulterada con dietilenglicol.

El proyecto de ley propone sanciones penales para las personas que adulteren o falsifiquen medicamentos, las cuales van de los 5 a los 15 años de cárcel, dependiendo de la gravedad del hecho; “porque en la actualidad son de 10 a 60 días multa que, para un negocio millonario como este, se pagan hasta por adelantado”.

Con relación a la posibilidad de medicamentos adulterados en el país la visitante indicó que el promedio es relativamente bajo y si acaso ronda el cinco por ciento, dado que la gran mayoría de los medicamentos los da la CCSS y “hay casi una farmacia en cada esquina, la gente tiene muy buen acceso a ellos”.

Otro de los puntos que destaco la Ministra Ávila se relaciona con una posible regulación de los precios, dada la enorme variación de costos que se pueden encontrar de una farmacia a otra.

“Hay muy buenas posibilidades” dijo, “porque la Ministra de Economía y Comercio, Mayi Antillón está muy interesada en que haya regulación, por supuesto que es un pleito que nos tenemos que echar porque evidentemente hay intereses económicos”.

“Sin embargo” agregó “tampoco podemos ser muy restrictivos en bajar mucho los precios porque puede ser que si una empresa trae X producto y aquí en Costa Rica su margen de ganancia es muy bajo, entonces deciden mandarlo todo a países como Guatemala, Nicaragua y El Salvador donde la mayor parte de la gente compra en farmacias privadas.