conferencia de Watson con la llamada telefónica de Rodrigo Arias al ministro Tijerino, esta última con el supuesto fin de “averiguar” el estado de la investigación abierta contra Arias por la Fiscalía sobre el uso dado al dinero donado al país por el BCIE y utilizado por Casa Presidencial para pagar consultorías “privadas”.

En mi caso, como diputado y como egresado de la UCR, actué guiado por la preocupación de que la academia estuviera dando tribuna, de manera inadvertida, a un científico que reiteradamente ha utilizado sus conocimientos, experiencia y reconocimiento internacional para tratar de justificar la superioridad racial, la homofobia y, en general, la discriminación de unos seres humanos –los “perdedores”– como los llamó, inclusive, tan recientemente como el pasado domingo 6 de febrero, en la entrevista que el propio diario La Nación le realizó y publicó.

Fue la motivación de evitar que la UCR cometiera el error de darle tribuna a un cuasidiscípulo de Joseph Menguele, la que me hizo plantear una protesta pública por su conferencia.

Cosa muy distinta es que un exministro de la Presidencia, hermano del expresidente Arias y pre-candidato presidencial del PLN llame a un ministro de Estado en ejercicio y utilice su influencia para “indagar” acerca de una investigación judicial en su contra.

En mi caso, reconozco que mi premura por evitar que la UCR cometiera lo que consideré un error me llevó a redactar una gestión de forma inadecuada, poco cuidadosa con la autonomía universitaria. La protesta era válida y necesaria, la continuidad o no de la actividad de Watson es resorte exclusivo de la UCR.

Pero, a diferencia de Rodrigo Arias, ni estoy bajo investigación judicial ni actué buscando un beneficio personal. No es lo mismo denunciar un acto que puede lesionar los derechos humanos que ejercer presiones para que no se investiguen los propios actos de corrupción. Los funcionarios públicos tenemos el deber de denunciar a quienes han lesionado los derechos humanos. Pero estamos inhibidos de hacer llamadas personales para detener la acción de la justicia.

En lugar de llamar a su abogado para que este utilizara los canales normales para informarse sobre el estado de la investigación oficial abierta en su contra, Arias llamó directamente al ministro Tijerino, y no sabemos lo que ocurrió después de esta llamada, pero lo cierto es que la indagatoria aprobada por cuatro fiscales especializados en delitos económicos del Ministerio Público se detuvo por orden del fiscal Chavarría, quien ni siquiera había tomado posesión de su cargo.

Juicio sesgado. No hay punto de comparación, don Julio. Como está de moda meter a todos los políticos “en el mismo saco”, entiendo que usted quisiera reducirme a la misma condición de Rodrigo Arias. Pero esto, además de poner en evidencia el sesgo de su juicio, es verdaderamente absurdo.

En cuanto al tema de fondo, debo insistir en que Watson no es un personaje inofensivo que cometió un error y luego se retractó. Watson es uno de los ideólogos de un grupo de trasnacionales y científicos que promueven la modificación genética humana para el “mejoramiento de la raza” y otras atrocidades similares. Por esto prestigiosas universidades estadounidenses y europeas se han negado a darle tribuna.

Yo pienso que nuestra UCR debió actuar de la misma forma. Al final, durante su conferencia en la Ciudad de la Investigación, Watson se presentó ante el público con la misma investidura que utilizó para promover sus juicios eugenistas sobre seres humanos “aptos” y “ganadores”, o “defectuosos” y “perdedores”.

En síntesis, reconozco que el medio y la forma empleados para canalizar mi protesta no fueron los idóneos. Pero sigo pensando que a los portavoces del discurso del odio y del racismo, ninguna institución pública de Costa Rica debería darles cabida, así hubieran inventado el elixir de la vida eterna. Tampoco debemos ceder ni un milímetro al tráfico de influencias de los políticos corruptos.