La verdad es que las personas suelen juzgar si la sociedad, la economía y la política funcionan bien a través del prisma del empleo: si tienen o no trabajo, la calidad de vida que éste les permite, qué sucede cuando están desempleados o no pueden trabajar. La calidad del trabajo define la calidad de una sociedad de varias maneras.

Sin embargo, vemos que el mundo del trabajo está en ruinas: más de 200 millones de personas desempleadas en el mundo, incluyendo cerca de 80 millones de jóvenes –ambas cifras se encuentran o se aproximan a los niveles más altos jamás registrados–. Es más, el número de trabajadores en empleo vulnerable –1.500 millones– y de trabajadores pobres que viven junto a sus familias con 1,25 dólares o menos al día –630 millones–, va en aumento.

Al mismo tiempo, crecen las desigualdades a nivel mundial. La crisis ha reducido a la mitad el crecimiento de los salarios, ha disminuido la movilidad social fruto del trabajo y ha atrapado a más y más personas en empleos mal remunerados. La brecha de los ingresos también está aumentando en algunos países. Los jóvenes enfrentan la probabilidad cada vez mayor de no encontrar nunca un trabajo decente y corren el riesgo de convertirse en una generación perdida. La clase media generalmente se encuentra desorientada y yendo hacia atrás.

Para alcanzar una globalización justa se precisa una nueva visión de la sociedad y de la economía, con un enfoque equilibrado entre el papel del Estado, los mercados y la sociedad, y una compresión clara de las posibilidades y limitaciones de la acción individual dentro de este contexto. Las acciones deben trascender la simple recuperación del crecimiento. No saldremos de la crisis con las mismas políticas que la originaron.

Necesitamos avanzar hacia una nueva era de justicia social. ¿Qué necesitamos hacer? En el mundo del trabajo, los pasos son claros:

Primero, reconocer que el trabajo no es una mercancía. Las políticas deben basarse en los valores humanos de solidaridad, dignidad y libertad. El trabajo no es sólo un costo de producción, es una fuente de dignidad personal, estabilidad familiar y paz en la comunidad.

Segundo, hacer que el objetivo de crear empleo sea un componente central de las prioridades políticas macroeconómicas, junto con la baja inflación y las cuentas fiscales en orden.

Tercero, ofrecer una protección social, que sea sostenible desde el punto de vista fiscal, a las ocho de cada 10 personas en el mundo que actualmente carecen de cualquier tipo de seguridad social, comenzando por un piso básico de protección social universal.

Cuarto, reconocer que los derechos fundamentales en el trabajo y el diálogo social, que pertenecen a la esfera de la libertad y dignidad humanas, son también instrumentos para incrementar la productividad y alcanzar un desarrollo equilibrado.

Quinto, estimular las inversiones y ayudar a los inversionistas en pequeñas empresas, en sectores de empleo intensivo, en mercados de trabajo inclusivos y en el desarrollo de calificaciones.

Como demuestran los ejemplos de Túnez y Egipto, empleo y justicia, pan y dignidad, protección y democracia, y seguridad nacional y mundial, no son demandas que estén disociadas unas de otras.

Lo que suceda en el futuro dependerá mucho de si estas interrelaciones se toman en cuenta y de si se actúa en consecuencia.

El trabajo decente establece estas interrelaciones.

“La paz universal y duradera sólo puede alcanzarse si se basa en la justicia social”. Las palabras admonitorias de la Constitución de 1919 de la OIT reverberan en el mundo actual.

Hoy más que nunca es el momento de construir una nueva era de justicia social sobre las bases del trabajo decente.