La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), compareció la noche del martes 8 de febrero, ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para dar a conocer la posición de esta organización sindical de la clase trabajadora costarricense, en torno a la propuesta del Gobierno de la República para un nuevo paquete de impuestos, proyecto actualmente en trámite en el parlamento.
 
La ANEP fue contundente en que se debe “Desechar, desistir, archivar, la propuesta de “LEY DE SOLIDARIDAD TRIBUTARIA”, por su carácter inequitativo, de reforzamiento de la regresividad que caracteriza al sistema tributario costarricense y porque hay  otras alternativas  para   resolver el problema del supuesto  déficit fiscal; o, incluso, que demuestran que éste tiene una existencia ficticia al existir una especie de “contabilidad secreta del Estado”.
 
Al formular sus propuestas, la ANEP parte de lo que en su criterio es el Principal Problema Nacional, que resalta como el número uno dentro del conjunto de problemas graves que están afectando nuestra convivencia social, el crecimiento de la desigualdad y su contraparte, la concentración abusiva de la riqueza.
 
Para la ANEP se quiere esconder, se quiere relativizar, se quiere esquivar, se quiere invisibilizar, la envergadura de este problema pese que entidades prestigiosas y de incuestionable reputación nos lo vienen señalando; como por ejemplo, los informes del Proyecto Estado de la Nación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para la América Latina (Cepal), entre otros. Es en este ámbito y no en otro, desde el cual nosotros analizamos la propuesta de “LEY DE SOLIDARIDAD TRIBUTARIA”.
 
Aunque hay otros tres grandes problemas que nos angustian, como: a) la incontenible ola de violencia contra la integridad física de las personas y sus bienes, la inseguridad ciudadana con su impresionante cadena de delitos penales (robos, asaltos, estafas, asesinatos, violencia doméstica y similares); b) la corrupción galopante pública y privada y el deterioro de valores; y c) la creciente, sistemática, sostenida y hasta tolerada penetración del narcotráfico y del crimen organizado (que nos amenaza hasta llevarnos a la penosa situación de “Estado fallido”, como ya lo muestran varias naciones hermanas latinoamericanas); ninguno se compara con el principal, el número uno en criterio de la ANEP; lo repetimos: el crecimiento de la desigualdad y su contraparte, la concentración abusiva de la riqueza
 
En tal marco de caracterización acerca de la situación del país en estos momentos, la ANEP presentó las siguientes propuestas:

1. EVASIÓN. Crear una comisión político-social para un análisis puntilloso de los diversos informes de la Contraloría General de la República (CGR) que tratan el tema de la evasión fiscal en sus diversas manifestaciones, de forma tal que se pueda, en el menor corto plazo posible, generar una contundente acción de implementación política y administrativa de sus criterios, valoraciones y/o recomendaciones para reducir al mínimo la cifra generalmente aceptada de que esa evasión anda por el orden de los 500 mil millones de colones, una cifra muy similar a la pretendida por la propuesta gubernativa de “LEY DE SOLIDARIDAD TRIBUTARIA”.
   
   
2. ADUANAS. Desagregando la anterior, es imprescindible diseñar una acción política contundente de intervención en el Sistema Aduanero Nacional, de forma tal que se proceda con urgencia a cerras las múltiples vías abiertas para la evasión fiscal en las más disímiles formas, pese a las nuevas situaciones derivadas de las rebajas arancelarias promovidas según las tesis ideológicas de los TLC’s.  
   
   
3. SUPERÁVIT. Incorporar representaciones sindicales y sociales calificadas a la comisión designada por el Gobierno para discutir con la oficina del señor diputado don Luis Fishman Zozinsky, su planteamiento de que estamos, más bien, en escenario de superávit, si partimos de una integración global de las cifras financieras del Estado (lo que nosotros llamamos la “contabilidad secreta” del Estado), con la indicación de la estrepitosa cifra de 1.379.816.054.704.91 colones; para, por un lado, ser partícipes directos de la constatación de si, efectivamente, el tal déficit es una realidad ó una ficción macroeconómica de signo neoliberal; por otro, para salvaguardar la preservación de las decisiones políticas de proyecciones de desarrollo institucional y sus correspondientes previsiones presupuestario-financieras, de entidades que en un escenario de “competencia” están ya siendo atacadas por las voraces transnacionales presentes ya en el país.
   
   
4. POLICÍA FISCAL. Fortalecimiento urgente del cuerpo de la Policía Fiscal, dotándole de mayor personal de carácter técnico profesional y con las correspondientes condiciones de logística operativa y administrativa para que entre en operación con nuevas leyes de control de la evasión fiscal.
   
   
5. CONTRALORÍAS DE SERVICIOS. Adscribir a la Defensoría de los Habitantes de la República, las contralorías de servicios, manteniendo la pertenencia presupuestaria en la institución de que se trate; para darles un verdadera carácter de instancias con plena independencia política de las correspondientes jerarquías; y, además, conformando consejos civiles de esas contralorías, para que coadyuven en el ejercicio cotidiano de velar por la buena marcha de los servicios públicos, su transparencia, su oportunidad, su eficiencia y su eficacia y, sobre todo, el buen uso de los recursos de que disponen.
   
   
6. EVASIÓN-DENUNCIA-RECOMPENSA. Dictar una ley para premiar la denuncia de evasión fiscal de forma tal que la persona denunciante, comprobado el ilícito tributario, reciba un porcentaje de lo que le fue robado al fisco por impago de impuestos. En la misma ley debe establecerse la pena de cárcel por evadir impuestos; estableciendo, además, con gran claridad y contundencia que la reiteración de una conducta evasiva en idénticas condiciones a la primera conducta delictiva al respecto, es de carácter acumulativo para efectos de cobro, por ejemplo.
   
   
7. SECRETO BANCARIO. Aprobación del proyecto “Ley para el cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal”, expediente legislativo 17.677, con lo cual la administración tributaria, de presumirse ilícitos tributarios con evidencia sólida en ello, puede tener acceso a las cuentas bancarias sin demérito del secreto bancario.
   
   
8. BANCA “OFFSHORE”. Aprobar el proyecto de ley de regulación de la banca costarricense en el exterior, banca “offshore”.
   
   
9. IMPUESTO AL PATRIMONIO. Aprobar, por una única vez, un impuesto al patrimonio, para grandes fortunas y capitales, a partir de cierto monto, de forma tal que no toque las cuentas ni los ahorros que con grandes penurias, gente de la clase media ha logrado guardar.
   
   
10. LUJO SUNTUARIO. Aprobar un proyecto de “Ley de Contingencia Fiscal”, para gravar, extraordinariamente y por uno o dos años, las erogaciones suntuarias, el consumo de lujo y las muestras evidentes de riqueza acumulada.
    
    
11. GANANCIAS EN EL EXTERIOR. Aprobar una ley para gravar las ganancias producidas en el exterior y repatriadas al país.
    
    
12. PENSIÓN-CONSUMO. Empezar a dar a conocer y tramitar la iniciativa que promueve el distinguido ciudadano Dr. Wálter Coto Molina, Expresidente de la  Asamblea Legislativa, quien, junto a un notable grupo de costarricenses patriotas, ha elaborado un novedosísimo proyecto que está dando de qué hablar en otros países, denominado PENSIÓN-CONSUMO; una iniciativa que vincula la responsabilidad ciudadana de tributar, con el incremento de la recaudación y con el premio al ciudadano que tributa para efectos de una pensión complementaria.
    
    
13. PERSONAS ENDEUDADAS-FONDO SOLIDARIO. Establecimiento, mediante ley, de un Fondo Solidario para Personas Físicas Altamente Endeudadas, de forma tal que mediante elementos fundamentales de transparencia, de responsabilidad y de ordenamiento presupuestario individual, grandes segmentos de la clase trabajadora con altísimos niveles de endeudamiento, en su desesperada lucha para no caer en la pobreza; puedan reordenar sus deudas, alimentando su liquidez y, por ende, aumentar su capacidad de compra que no es otra cosa que alimentar el consumo (especialmente el del mercado interno) y, por ende, aumentar su aporte a la responsabilidad social de tributar. Esta iniciativa fue planteada en el mes abril de 2009, como parte de la propuesta “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”.

Hacemos un llamado a toda la comunidad laboral costarricense, así como a todos los sectores políticos-sociales preocupados por el errático rumbo de exclusión social que está transitando el país, para que apoyemos estas propuestas y que nos hagamos presente en la manifestación del jueves 10 de marzo, desde las 10 de la mañana, en el Parque Central y con rumbo a la Asamblea Legislativa.
 
San José, domingo 27 de febrero de 2011.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Presidente CSJMP