en relación con la investigación judicial desarrollada en contra del señor Rodrigo Arias Sánchez por posibles delitos contra la Hacienda Pública por el uso de los fondos del BCIE (expediente 17981).

La Contralora Brenes agregó que tras un intercambio de misivas entre los responsables de la ejecución de los programas y las autoridades del banco, se determinó la segunda de las posibilidades (pago en forma directa a los proveedores de bienes y servicios) como la forma en que se gastarían los fondos.

“Aquí estamos en presencia de dineros que conservaron la calidad de fondos públicos internacionales hasta el momento en que se convierten en bienes y servicios e ingresa en el patrimonio público”, detalló la Contralora.

Una y otra vez la visitante se encargó de dejar lo más claro posible a todos los presentes en la sala que el BCIE es una Persona jurídica de Derecho Internacional Público, forma parte del Sistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA); conforme al Convenio Constitutivo y por lo tanto sus bienes, activos, archivos y registro gozan de inmunidad absoluta.

Una vez que los aportes de los países ingresan al patrimonio del organismo internacional se transforma su naturaleza jurídica y salen de la esfera de la Hacienda Pública costarricense, por lo que no le es aplicable la regulación nacional en materia de recursos públicos.

Tras investigar el uso de los fondos hecho por las autoridades competentes se pudo detectar una serie de debilidades importantes en la ejecución de la donación.

Sobre estas debilidades la Contralora detalló que los objetivos específicos de los proyectos fueron poco precisos y claros, no facilitaron la medición de resultados, el grado de cumplimiento de objetivos y su impacto en la gestión del Ministerio y tampoco se realizaron evaluaciones formales del cumplimiento de dichos objetivos y alcances de los proyectos.

“Parte de toda la problemática que se observa en el informe tiene que ver precisamente con ese rol desempeñado del BCIE que dista mucho del rol vigilante que normalmente se le ha visto en otras cooperaciones reembolsables y no reembolsables, no solo por su condición de donante que debía supervisar esa ejecución de la ayuda, sino también porque conforme la modalidad que se seleccionó… debía llevar adelante la ejecución, aprobando los términos de referencias, supervisando los trabajos, revisando los informes”, especificó Aguilar.

Aclaró que fue por estos motivos que la Contraloría emitió una serie de disposiciones relacionadas con la normativa alrededor de las cooperaciones, entre ellas instruir al órgano rector, a MIDEPLAN y algunos otros involucrados en estos procesos para que fortalecieran la normativa existente en temas como el proceso de negociación, formalización, administración, control y evaluación.

Reunión con Arias

El diputado Manrique Oviedo Guzmán, del Partido Acción Ciudadana, PAC, se interesó en detalles relacionados con la audiencia que la Contralora solicitó al entonces Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias, para obtener documentos del caso y en la cual además estuvieron presentes el entonces Presidente Oscar Arias, la candidata a Presidenta Laura Chinchilla, el candidato a diputado Guillermo Zúñiga Chaves y el magistrado de la Sala Constitucional Federico Sosto.

Aguilar Brenes especificó que como ya se había iniciado la auditoría sobre el tema y requerían información, el BCIE les indicó que no podían darles la información requerida si antes no había una autorización expresa de la contraparte que en este caso era el Ministro de la Presidencia y por eso solicitó la audiencia.

Por su parte la legisladora liberacionista Siany Villalobos Argüello, se interesó en conocer por qué si la misma Contraloría reconoce que el esquema de manejo de los fondos responde a una falta de claridad de las reglas aplicadas por parte del donante —que es el que las ejecuta— por qué se responsabiliza al beneficiario de esa falta de claridad e incluso se le abrió un proceso administrativo.

Algunos de los cuestionamientos hechos por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Rodolfo Sotomayor Aguilar, estuvieron enfocados hacia otra reunión que sostuvo la Contralora con Arias en su despacho, cuando ya se había iniciado el procedimiento.

Para el representante del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) Víctor Granados Calvo, la mayor preocupación en este caso es que hubo un alto grado de informalidad en los controles que se debieron aplicar así como en la falta de informes documentados que permitan cuantificar los resultados obtenidos de las consultorías que se contrataron.