Otro  objetivo de la reforma es darle rango constitucional a un instituto, de cuya incorporación al modelo jurisdiccional en esta materia se viene discutiendo por largo tiempo en círculos académicos y parlamentarios, cual es el hábeas data.

Según se explica en su exposición de motivos “este instituto, propio de la sociedad de la información en la que nos desenvolvemos, busca garantizar las prerrogativas fundamentales que asisten a los ciudadanos en cuanto objetos informativos, cada vez más vulnerables dado el avance tecnológico actual, convirtiéndose en un remedio efectivo contra las transgresiones al derecho de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que hayan recogido terceros en bases de datos, así como las demás garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de dichas informaciones, protegiéndose de esta forma los principios de autodeterminación informativa, acceso a los datos personales, cesión consentida y consentimiento informado”.

Finalmente, la reforma busca actualizar los alcances del artículo 10 de la Constitución Política, reafirmando el modelo concentrado de justicia constitucional que existe en Costa Rica, en cuanto a la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, pero siendo consecuente con la posibilidad de que otras instancias jurisdiccionales tengan la capacidad de anular normas infralegales.

La segunda lectura se fijó para el próximo 10 de marzo.