En marzo del 2009, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, se unió al presidente Barack Obama para anunciar planes con los que Washington ayudaría mejor a que México lidiara con la violencia relacionada con el narcotráfico que ha dejado más de 34.000 muertos desde el 2006.

"Hay que interceptar las armas. Hay que impedir que lleguen a México", dijo Napolitano en aquella ocasión.

Desde entonces, los agentes de la dirección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes suelen dedicarse a revisar personas y vehículos que entran a Estados Unidos, han formado equipo con integrantes de la Patrulla Fronteriza y, a veces, con policías bajo las órdenes de los alguaciles en las comunidades limítrofes con México, para inspeccionar también a los viajantes que dejan el territorio estadounidense.

Pero sus progresos son pocos.

En el año fiscal 2009, los agentes de la CBP en todos los cruces a lo largo de la frontera de 3.200 kilómetros (2.000 millas), entre Brownsville, Texas, y San Diego, se incautaron de 107 armas.

Durante el año fiscal siguiente, que concluyó el 30 de septiembre, interceptaron 279 armas. Se trata de las cifras más recientes disponibles en la frontera.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), reportó haber decomisado 2.633 armas en el 2009 en sus oficinas en los cuatro estados del suroeste que colindan con México. También esas son las estadísticas disponibles más recientes.

Sin embargo, esas armas fueron incautadas antes de que se intentara transportarlas a través de la frontera. Aún si ese número se sumara al total, seguiría representando poco más de lo que, se estima, pasa hacia México en un solo día.

Un estudio realizado en noviembre del 2008 por The Brookings Institution, un centro investigador con sede en Washington, declaró que 2.000 armas estadounidenses se introducen a México cada día. El reporte, compilado por una comisión que incluye al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo y a Thomas Pickering, ex embajador en Rusia y prominente funcionario del Departamento de Estado bajo la administración del ex mandatario Bill Clinton, representa el cálculo más amplio sobre el tema, aunque no incluye información sobre cómo se llegó a esa cifra.

Los esfuerzos por detener el paso de municiones no han sido más exitosos. Las inspecciones al tráfico que sale de Estados Unidos lograron decomisar 93.141 cartuchos útiles en el último año fiscal, más de cuatro veces el monto incautado durante el año previo.

Las incautaciones de efectivo que iba hacia México cayeron de más de 37 millones de dólares en el año fiscal 2009 a cerca de 27,4 millones el año pasado.

La ATF enfrenta ahora críticas, después de que tanto CBS News como el Centro para la Integridad Pública _un organismo sin fines de lucro_ reportaron que los agentes federales que investigaban el tráfico de armamento por parte de los cárteles de las drogas permitieron que cientos de armas compradas en Estados Unidos llegaran a México.

La agencia y los fiscales permitieron que las armas cruzaran la frontera, para investigar el caso y buscar la detención de los traficantes, reportó el centro.

De septiembre del 2009 al 31 de julio del 2010, el gobierno mexicano se incautó de más de 32.000 armas ilegales. En México se requiere de un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para adquirir un arma, e incluso entonces, los compradores sólo pueden hacerse de pistolas de un calibre máximo de ,38.

No todas las armas de fuego provienen de Estados Unidos. Las autoridades mexicanas han investigado reportes de que algunas fueron proporcionadas por traficantes en Israel y Bélgica.

Muchas armas usadas para perpetrar asesinatos en México nunca fueron objeto de una investigación para rastrear su origen. Sin embargo, la ATF ha estimado que, de las armas descubiertas en escenas de crímenes en México, y de las que sí se hace un rastreo por parte de las autoridades, casi 90% fueron adquiridas en Estados Unidos.

Eso ocurrió con la pistola encontrada en el lugar donde se llevó a cabo la emboscada que mató al agente especial del Servicio Federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Jaime Zapata, el 15 de febrero, en una autopista en el estado central mexicano de San Luis Potosí. El compañero de Zapata recibió dos disparos en una pierna.

Las autoridades dicen que la pistola de 7,62 milímetros fue comprada en Joshua, Texas. Tres hombres residentes en el área de Dallas _uno acusado de comprar la pistola, su hermano y su vecino_ enfrentan cargos federales, aunque ninguno se relaciona con la muerte de Zapata.

"Cuando un agente estadounidense es asesinado con un arma adquirida ilegalmente en Estados Unidos, esto realmente ilustra la ironía de nuestra política actual", dijo David Shirk, director del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego.

"No intentamos con la firmeza suficiente de impedir que los malos utilicen nuestras armas en contra nuestra", señaló.