Asimismo, en el comunicado de estos datos presentados se incluye la información aportada por los órganos de Justicia de los 31 estados y del Distrito Federal, así como por los servicios médicos forenses; y a partir del 2009 también cuentan con los datos de secuestros. Además, ya empezaron a integrarse al SINPEF datos sobre migrantes, cuyo paradero queda desconocido, con el fin de facilitar su búsqueda y dar con ellos.

El informe fue divulgado después de que El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) solicitara al Gobierno mexicano que retirara “en el corto plazo” a las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública. La petición fue hecha a raíz de numerosas denuncias de desapariciones forzadas, crímenes con los cuales los expertos vinculan al Ejército mexicano.