Así mismo está proponiendo que se le trasladen fondos para que puedan tener una mejor organización, más personal y poder establecer que estas personas cumplan con este servicio.

“Esto lo hace ya el Ministerio de Justicia a través de Adaptación Social, el problema es que cuentan con 26 funcionarios y tienen más de 6 mil personas que han salido de las cárceles con este problema, entonces lo que estamos haciendo es trasladándole fondos para que puedan tener una mejor organización más personal y poder establecer que estas penas se cumplan”, dijo la diputada.

Otras de las propuestas que está incluyendo en el nuevo texto es que sea la misma Adaptación Social quien acredite organizaciones voluntarias y necesiten  personas que realicen la labor.

“Si nosotros consideramos que el trabajo que van a prestar las infractores, no estamos hablando de delincuencia común estamos hablando que quienes tendrán que prestar ese servicio son posiblemente ingenieros, médicos, abogados, diputados, periodistas, gente de un nivel muy alto, entonces hacer que las instituciones voluntarias tengan como una especie de bolsas de trabajo y digan que necesitan”, comentó.

Es por ello dijo la parlamentaria que “con esto estamos dándole al país un sentido a ese trabajo comunal un servicio que sea realmente efectivo y mucho más productivo en beneficio de la comunidad y las personas"