Habida cuenta de que el proyecto “Ley de Solidaridad Tributaria” pese a su nombre, está inclinado a ponerle más impuestos, proporcionalmente hablando, a la “gente de abajo”, insistir en el falaz argumento de que se requieren nuevos impuestos para pagarle salarios a quienes trabajan para el sector Público de la administración central del Estado, implica dos cosas.

Por un lado, va a generar fricciones entre personas integrantes de una misma clase social para enfrentarlas entre sí, de tal suerte que sean los empleados públicos indicados quienes han de quedar como “los malos de la película”, potenciando así el estigma negativo que sistemáticamente se ha impulsado durante los últimos años contra estas personas trabajadoras, bajo la visión neoliberal extremista que tipifica como que todo lo público es malo por naturaleza.

Por otro, refuerza la política de que en materia de impuestos ningún cambio irá por la vía en que debe ir, cual es la que los conocedores en materia tributaria llaman progresividad, que es decir deben tributar más lo que más tienen que, como sabemos, son los que han venido tributando menos por el perverso carácter “regresivo” del sistema de impuestos en Costa Rica.

Según el decir del señor Ministro de Hacienda, todas las quincenas hay que ir a pedir prestado al mercado financiero, colocando bonos,  para pagar los sueldos del indicado personal. Indica que se trata de un endeudamiento sistemático que se volverá insostenible si no hay nuevo impuestos para, insiste, en pagar salarios. Nuevamente, debemos ser enfáticos al respecto rechazando tal enfoque del problema tributario.

¿Quién es el responsable de ese déficit fiscal? Veamos: ¿la señora que atiende niños pobres en los CEN-CINAI?; ¿el policía de una cárcel que debe permanecer ocho horas en un fortín y sin posibilidad de realizar dignamente sus necesidades biológicas en tal lapso?; ¿el policía de la Fuerza Pública que debe trabajar en los barrios marginales plagados de delincuencia y exclusión social, exponiendo su vida a cada minuto?; ¿lo queda de los obreros del MOPT que, en carretera, podría ser arrasados por vehículos conducidos por choferes irresponsables como acaba de pasar con la muerte de uno de ellos?; ¿la maestra de escuela con 40 niños en el aula y muchos de ellos procedentes de hogares con problemas familiares que, por lo general, están asociadas a la estrechez económica, considerando que ya tenemos un 40 % de las familias que no les alcanza el salario para subsistir?; ¿quiénes deben promover la salud controlando la reaparición de epidemias que se suponían extinguidas?; ¿el inspector de Trabajo al que un patrono explotador le echa los perros y le amenaza con una arma solamente porque va a fiscalizar si se paga o no el salario mínimo?; ¿el o la profesional de las instituciones sociales que debe arriesgar su pellejo por atender problemas de drogadicción, violencia doméstica, agresión infantil, intervención familiar, estudios socioeconómicos para ayudas sociales, teniendo que presentarse en barriadas de alta conflictividad social?... Bueno, estos son algunos ejemplos de personas que trabajan para el Gobierno Central cuyos salarios, según don Fernando, deben pagarse pidiendo prestado y, como vemos, jamás son responsables del famoso déficit fiscal.

El señor Ministro de Hacienda sabe que ese problema de déficit puede ser atendido por otras vías y que existen muchas propuestas que no van por el lado de nuevos impuestos sobre las espaldas de quienes ya no están en posibilidades de pagar más tributos.

Además, prestigiosas entidades que estudian este tipo de problemas, que investigan estas cuestiones, se han encargado de indicar otras perspectivas y salidas distintas que no son, precisamente, las incluidas en el proyecto del Gobierno de “Ley de Solidaridad Tributaria”. Señor Ministro de Hacienda, debe ser el otro el camino y no culpabilizar, indirecta y subliminalmente, a los empleados públicos del Gobierno Central por el problema del déficit. Así no se vale para enfrentar un problema tan viejo.