Citaron como referencia el artículo 2 de la Ley 7762, Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, que dice “en el caso de los muelles de Limón, Moín, Caldera y Puntarenas, por esta ley, únicamente podrán ser concesionadas las obras nuevas o las ampliaciones que ahí se realicen y no las existentes”.

También advirtieron que la empresa Royal Haskonning, empresa consultora holandesa contratada para realizar el Plan Maestro Portuario para el complejo de Limón y Moín, “se acomodó al pensamiento político-ideológico del Gobierno”.

Dentro de las razones que advirtieron para realizar la afirmación están el desarrollo de tres fases de modernización de Moín, entre los años 2009 al 2021.

“En su informe final expresaron que las actuales instalaciones no pueden ser concesionadas y eso nos llena de extrañeza, pues según lo que establecen ellos mismos durante esa fase se concesionarían ambos puertos. Entonces nos preguntamos, qué grado de seriedad puede tener este estudio”, dijo Castillo.

Destacó el hecho de que Royal Haskonning recomendara a la empresa APMT para que sea la única encargada del manejo de contenedores situación que significaría el establecimiento de un monopolio mediante el contrato de licitación.

Los holandeses además proponen el cierre del Puerto de Limón, conocido como Puerto Alemán, para que se traslade toda la carga a Moín y éste se deje solo como un puerto turístico.

Castillo enfatizó “lo que acá más extraña es que en el plan maestro no hay un estudio, un análisis, una estadística seria que establezca la vialidad de esta medida e ignoran que los cruceros arriban a nuestro país solo seis meses al año. Esto hace pensar que esta acción es una complacencia o algún pedido de alguna persona”.

La comisión decidió citar en audiencia al Presidente de la Cámara de Exportadores y a su similar de la Cámara de Navieras. Además amplió en un mes el plazo para presentar su informe acerca del proceso de concesión de la autopista a Caldera.