octubre de 2008 el Reino Unido detectó que los bancos islandeses estaban traspasando dinero de las cuentas británicas a Reikiavik, les aplicó la ley antiterrorista y congeló todos sus fondos. Los bancos estaban sobre-endeudados y eso, junto a la crisis internacional, les llevó a la bancarrota y la posterior nacionalización por el Estado. Londres y La Haya pagaron a los depositantes de Icesave (300.000 personas) el 100% de los depósitos y desde entonces reclaman ese dinero.

Durante mucho tiempo las autoridades islandesas mantuvieron negociaciones con ambos países afectados, tratando de encontrar la solución apropiada. El primer acuerdo logrado entre los tres países, que preveía devolver la deuda pendiente en 15 años y a un interés del 5,5 %, fracasó en el referéndum de marzo de 2010, cuando el 90% de los islandeses dijeron “no”. A principios de diciembre de 2010 los negociadores llegaron a un segundo acuerdo: realizar las devoluciones en un periodo de 30 años, algo que tampoco acepta la población.

La negativa inminentemente afectará a la posición del país en el ámbito político: complicará el acceso de Islandia a la UE y los créditos del FMI y de otros países nórdicos.

La primera ministra de Islandia, Jóhanna Sigurðardóttir, comentó que el referéndum dividió al país en dos y el resultado de este “no” generará una incertidumbre económica y política, muy difícil de superar.