En el documento, los integrantes del PSUV afirman que los responsables de un número indeterminado de muertos y heridos que rompieron el orden constitucional del país siguen sin castigo. En aquel momento el tiroteo entre los partidarios del presidente y la oposición dejó 19 muertos y más de 100 heridos.

El abogado de las víctimas oficialistas, Antonio Molina, declaró que la manifestación "fue el detonante y causante de las muertes de civiles en abril de 2002. Los sectores opositores hablan constantemente de violación de derechos humanos en el país, cuando son ellos quienes han violado el orden constitucional, como pasó en 2002".

Por su parte, el presidente del partido Social Cristiano COPEI, Roberto Enríquez, hizo hincapié en que hacía falta instalar una Comisión de la Verdad para esclarecer lo sucedido en abril, subrayando que "más nunca se utilice el sistema de justicia para quitarle su libertad a un ciudadano para hacer prevalecer una teoría política".

Entre los detenidos por ordenar a los miembros policiales disparar contra los manifestantes desde hace más de dos años permanecen los exjefes de la Policía Metropolitana de Caracas Henry Vivas y Lázaro Forero, y el exsecretario de Seguridad de la Alcaldía Mayor, Iván Simonovis.