papeles en el territorio del estado, cuenta con ligeras variantes "para que no se pudiese ver ningún punto racista" en la misma.

Antes de ser aprobada, la ley ha sido suavizada. En particular, no se obliga a las empresas a usar el programa federal E-Verify para averiguar si sus empleados tienen autorización de estancia y trabajo en el país.

Los defensores de derechos muestran poco optimismo acerca de la iniciativa. "Es probable que aprueben una ley muy dañina para Florida", señaló Subhash Kateel, de la organización Coalición Inmigrante de Florida. "Ya se trata de una versión 'light', normal o dura de la ley de Arizona, va a perjudicar a todos los residentes del estado", acotó.

Además, no se obliga a los alguaciles a suscribirse a convenios con el Gobierno sobre el cumplimiento de las leyes federales de inmigración como, por ejemplo, la ley vigente 287(g), aprobada por el Congreso en 1996. Dicha ley permite al Servicio de Inmigración estadounidense llegar a acuerdos con los policías para que actúen como agentes de inmigración.

Según las últimas estadísticas del Centro Hispano Pew, en el estado sureño residen en torno a 825.000 indocumentados, a quienes corresponde alrededor del 6% del mercado laboral en ese territorio. A nivel nacional la cantidad de indocumentados alcanza los 11 millones. Los expertos alertan que dicha ley podría afectar considerablemente a la industria turística y a la agrícola. "Nuestra economía depende de los visitantes extranjeros, del comercio y de los trabajadores inmigrantes. La última cosa que nuestro estado necesita es un debate que asuste a los turistas y afecte a la inversión internacional, a causa del clima de miedo", dice Adam Babington, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la Cámara de Comercio de Florida.

Ratifican la suspensión de algunas partes de la ley de Arizona
En lo que se refiere a la misma ley de Arizona, la Corte norteamericana de apelaciones ratificó la suspensión de sus partes más polémicas. De esa manera se mantiene el bloqueo postulado por el juez federal, según la petición de Barack Obama.

La ley ha suscitado mucha polémica y algunos ya la criticaban antes de su entrada en vigor. Muchos mandatarios latinoamericanos la han percibido como discriminatoria y criminalizadora respecto a los inmigrantes. Firmada por la gobernadora republicana de Arizona Jan Brewer, la normativa autorizaba a la policía a detener e interrogar a las personas solo por sospechar de falta de documentos. El experto de RT Javier Durán, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de ese estado, cree que pese a la ausencia de este tipo de persecuciones legales, los problemas sociales de este sector de la población no cesarán.

Una reforma migratoria integral era una de las prioridades del presidente Barack Obama durante su campaña electoral, sin embargo tras más de dos años de su Gobierno esta tarea todavía no se ha cumplido.