Gobernabilidad, desigualdad, iglesias y lucha social



Una y otra vez, desde hace bastante tiempo, venimos escuchando a connotadas voces de la hegemonía política dominante, por medio de sus más sobresalientes representantes y rostros de los últimos gobiernos, acerca de que este país es “ingobernable”, que Costa Rica tiene serios problemas de “gobernabilidad” y que cuesta mucho la acción de “gobernar”.

Indudablemente que este asunto de la “gobernabilidad” ó de la “ingobernabilidad” merece un abordaje de mucho cuidado, aunque por lo general se cree que es un tema reservado para los y las especialistas en Ciencias Políticas, en Sociología, en Economía, en Derecho y en otros campos profesionales análogos.

Sin embargo, desde la perspectiva de la “gente de abajo”, que es en la cual nos ubicamos quienes nos desenvolvemos en la acción sindical, la ingobernabilidad puede ser abordada desde varios ángulos aunque queremos resaltar tres para efectos de nuestro comentario de hoy.

Primero. Los partidos políticos, con honrosas excepciones (muy raras por cierto), formulan sus plataformas de propuestas y plantean sus programas de gobierno sin la más mínima disposición de honrar tales planteamientos con acciones concretas, ya sea que estén en el Gobierno (Poder Ejecutivo) y/o en el parlamento, o en las municipalidades. Divorcio notable entre lo que se dice (escribe) y lo que se hace llegados al poder. Es por ello que enormes segmentos ciudadanos se han venido decepcionando paulatinamente llegándose a niveles de incredibilidad en la política partidista muy altos.

Segundo.  Desde hace tiempo, los beneficios del crecimiento económico nacional se vienen distribuyendo de manera cada vez más inequitativa, alimentando el crecimiento de la desigualdad ya no solamente imposibilitando que salgan de la pobreza miles y miles de compatriotas; sino que se va llevando a la misma a los otrora poderosos sectores de las capas medias costarricenses, que habían sido sumamente mayoritarios dentro de la estructura social del país.

La anterior circunstancia obliga al despliegue de un conjunto de acciones y de decisiones de política pública que requieren de una fuerte organización y movilización ciudadanas para obligar a la clase política gobernante (la oficialista y la opositora), a impulsar directrices, decretos y leyes que modifiquen, radicalmente, la actual estructura de distribución inequitativa de la riqueza y su perverso sesgo de alta concentración que estamos viendo, sintiendo y sufriendo.

En este ámbito resulta sumamente alentador la homilía oficial de la Iglesia Católica, pronunciada este pasado PRIMERO DE MAYO, en la Iglesia La Merced, con motivo del Día Internacional de la Clase Trabajadora, avalando un clamor sostenido hace ya bastante tiempo desde las banderas sindicales que enarbolamos, en cuanto a que el crecimiento de la desigualdad es el problema número uno de la sociedad costarricense de hoy.

Sabemos que otras confesiones religiosas cristianas, como la Iglesia Luterana, tienen planteamientos sociales en igual dirección, lo cual nos lleva a levantar la consigna de que es posible una lucha social activa contra la desigualdad, invocando, también, elementos fundamentales del Humanismo Cristiano.

Tercero. Debemos transformar nuestra institucionalidad democrática de corte representativo hacia una de carácter participativo, dándole plenitud de vida política al postulado constitucional del artículo 9 de nuestra Carta Magna actual que dicta que “el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”.

Resaltamos la categoría política de “participativo” porque, entonces, debemos obligar a la gestación, al impulso, a la concreción real de una serie de transformaciones en la institucionalidad para que el pueblo, la gente, la sociedad civil organizada, se meta de lleno en la cosa pública y cambie el rumbo del país hacia una profunda democracia social de amplia base.

Ahora que en el denominado “primer Poder de la República” una inusitada alianza de partidos de oposición está en el control de la Asamblea Legislativa, podrían tomar decisiones estratégicas que acerquen al parlamento al seno del pueblo, impulsando leyes que atajen y reviertan el crecimiento de la desigualdad; leyes que empiecen a darle contenido real al concepto de “gobierno participativo” de que habla nuestra Constitución Política; leyes que adecenten la acción política para que la ciudadanía se involucre de lleno en la toma de las grandes decisiones que nos competen a todos y a todas si queremos, en verdad, una sociedad de democracia social plena con plena reivindicación de la largamente postergada, humillada, expoliada, explotada, estafada “gente de abajo”, especialmente su más grande componente: la clase trabajadora en su amplio concepto.

Pero para ello, para todo ello, la movilización ciudadana, bajo el concepto de Democracia de la Calle, resulta estratégicamente vital. Tal es el desafío para la “gente de abajo”.